La Policía Nacional de Colombia informó a la opinión pública que este martes fueron liberados cinco policías que permanecían privados ilegalmente de la libertad desde el pasado 6 de enero, luego de ser interceptados mientras cumplían labores de servicio comunitario en los sectores de Tres Bocas y Petrolea. Los uniformados fueron secuestrados de manera irregular e inhumana por el grupo armado ilegal ELN, en hechos ocurridos entre las ciudades de Cúcuta y Tibú, donde además fue hurtado un vehículo de uso familiar utilizado para su traslado forzado, truncando abruptamente su cotidianidad y la de sus seres queridos.
Durante más de trece días de cautiverio, los policías vivieron un escenario de alta vulnerabilidad marcado por el miedo, la incertidumbre y la presión constante, condiciones que afectaron de manera directa su estabilidad emocional y su salud mental. La privación de la libertad no solo interrumpió su vocación de servicio, sino que los expuso a tratos degradantes que vulneran la dignidad humana. Este tipo de hechos constituye una grave violación a los derechos fundamentales y al Derecho Internacional Humanitario, dejando secuelas emocionales profundas que persisten incluso después de la recuperación de la libertad física de las víctimas.
En paralelo al sufrimiento de los uniformados, sus familias atravesaron días y noches de profunda angustia, zozobra e incertidumbre. La falta de información sobre el paradero y el estado de salud de sus seres queridos generó un impacto psicológico severo, propio de este tipo de violencia. El secuestro no afecta únicamente a quien lo padece directamente, sino que rompe el equilibrio emocional de los núcleos familiares y sociales. La Policía reiteró que estas prácticas criminales causan daños duraderos que ninguna justificación política o ideológica puede excusar.
La liberación de los cinco policías fue posible gracias al acompañamiento y la mediación humanitaria de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, entidades que jugaron un papel fundamental para garantizar el retorno a la libertad. La institución expresó su reconocimiento a estas organizaciones por su compromiso con la vida y los derechos humanos. Hoy, los uniformados se encuentran a salvo e inician un proceso de recuperación integral, con apoyo médico, psicológico y psicosocial, tanto para ellos como para sus familias.
Tras recuperar la libertad, los policías fueron puestos bajo acompañamiento institucional especializado para atender de manera integral las afectaciones derivadas del cautiverio. Este proceso contempla atención médica, seguimiento psicológico y apoyo psicosocial, así como respaldo a sus familias, entendiendo que el secuestro deja impactos prolongados. La Policía Nacional subrayó que este acompañamiento no es un trámite accesorio, sino una responsabilidad ética con quienes arriesgan su vida diariamente por la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica en los territorios.
La institución reiteró con absoluta claridad que ninguna circunstancia justifica la privación ilegal de la libertad, y menos aún cuando se atenta contra hombres y mujeres que trabajan todos los días por la seguridad, la vida y la tranquilidad de los colombianos. En ese sentido, hizo un llamado firme y categórico para que sean liberados de manera inmediata todos los policías y miembros de las Fuerzas Militares que aún permanecen secuestrados en distintas regiones del país, bajo condiciones inhumanas y degradantes.
Desde la Dirección General se rechazó de forma absoluta el secuestro y cualquier acto de barbarie que vulnere los derechos, las libertades y la dignidad humana. La Policía recordó que el secuestro es una de las expresiones más crueles de la violencia, pues deja marcas emocionales profundas en las víctimas y en sus familias. Colombia, señaló la institución, merece avanzar hacia una convivencia basada en el respeto por la vida y en la protección de quienes, desde la legalidad, trabajan por la seguridad ciudadana.
Finalmente, la Policía Nacional exigió la liberación inmediata e incondicional de todos los policías, militares, integrantes del CTI y civiles que continúan secuestrados por grupos armados ilegales. Recalcó que ninguna causa, ideología o pretensión puede justificar esta práctica, que atenta directamente contra la vida, la libertad y los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario. La institución reafirmó su compromiso con la defensa de la dignidad humana, la memoria de las víctimas y la construcción de un país en paz.
