El propósito central de la resolución es dar cumplimiento a los lineamientos del Decreto 1091 de 2025, orientados a garantizar el suministro, diversificar la matriz energética y avanzar de manera estructural en la transición del país hacia fuentes más limpias. El nuevo esquema reconoce que los desafíos del sistema eléctrico no se resuelven con medidas de corto plazo. Por el contrario, requieren instrumentos que permitan planear con anticipación, reducir incertidumbres y acompañar la entrada de nuevas tecnologías de generación, almacenamiento y gestión de la demanda de forma ordenada y sostenible.
Uno de los cambios más relevantes es la posibilidad de celebrar contratos de energía con vigencias de hasta 15 años. Este horizonte permite incorporar de manera integral proyectos de energías limpias, sistemas de almacenamiento con baterías y productos horarios diferenciados, mejorando la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional. Al extender los plazos, se reducen riesgos financieros para los inversionistas y se facilita el cierre de proyectos de mayor escala, al tiempo que se fortalecen las condiciones de estabilidad necesarias para planificar el crecimiento del sistema eléctrico en el mediano y largo plazo.
El nuevo mecanismo también apunta a promover precios justos, eficientes y estables. La intención es disminuir la volatilidad del mercado eléctrico y proteger a los usuarios finales frente a fluctuaciones abruptas. Además, la resolución responde al incumplimiento de algunos comercializadores frente a la obligación de adquirir entre el 8% y el 10% de su energía a partir de fuentes limpias, como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo. Con esta convocatoria, se busca corregir distorsiones y asegurar que la transición energética tenga efectos reales y verificables.
“El país necesita reglas claras y señales de largo plazo para garantizar energía limpia, confiable y a precios eficientes”, afirmó Edwin Palma, ministro de Minas y Energía. Según el funcionario, el mecanismo permite cerrar brechas históricas y blindar el sistema eléctrico frente a los impactos del cambio climático y al crecimiento de la demanda futura. La medida se presenta como una decisión estructural que busca fortalecer la planeación y reducir vulnerabilidades en un sector estratégico para la competitividad y el bienestar de los hogares.
Desde la óptica de política pública, la resolución también tiene como objetivo atraer inversión responsable. La estabilidad contractual de largo plazo genera condiciones más favorables para proyectos de generación renovable y almacenamiento, sectores que requieren certidumbre para desarrollarse. Al mismo tiempo, el Gobierno espera que este esquema contribuya a una transición ordenada y justa, en la que los beneficios se reflejen en mayor confiabilidad del servicio y en precios más predecibles para los usuarios finales en todo el territorio nacional.
El proceso de implementación del mecanismo contará con un respaldo institucional amplio. Será liderado por el Ministerio de Minas y Energía, con la Bolsa Mercantil de Colombia como operador logístico. A esto se suma el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, lo que refuerza la credibilidad y el rigor técnico del proceso. Esta articulación busca asegurar transparencia, eficiencia y estándares internacionales en la ejecución.
El proyecto de resolución queda ahora en etapa de consulta pública, un espacio clave para recoger aportes del sector energético, inversionistas, comercializadores y ciudadanía. El debate permitirá ajustar el diseño final del mecanismo antes de su adopción definitiva. De prosperar, la medida marcará un cambio estructural en la forma en que Colombia contrata su energía eléctrica, sentando bases de largo plazo para un sistema más confiable, sostenible y alineado con los desafíos económicos, ambientales y sociales que enfrenta el país en los próximos años.
