El Ministerio de Minas y Energía alertó sobre una serie de atentados contra la infraestructura eléctrica en el suroccidente del país, especialmente en el departamento del Cauca, hechos que ponen en riesgo la continuidad y seguridad del servicio. Según la entidad, los ataques, atribuidos a grupos armados ilegales, representan una amenaza directa para hogares, hospitales, centros educativos y la economía regional.
De acuerdo con la información oficial, durante el mes de diciembre se registraron varios actos de sabotaje contra torres, subestaciones y líneas de transmisión. A estos hechos se suman dos nuevos ataques reportados en la presente semana, los cuales agravan el panorama operativo del sistema eléctrico en la región y elevan los riesgos de interrupciones prolongadas del servicio para miles de usuarios.
El Ministerio advirtió que estos atentados coinciden con la reciente suspensión de las exportaciones de energía eléctrica hacia Ecuador, situación que ha generado mayores exigencias sobre la operación interna del sistema. En este contexto, cualquier afectación a la infraestructura estratégica compromete la estabilidad del suministro y limita la capacidad de respuesta ante contingencias energéticas en el suroccidente colombiano.
“El sabotaje a la infraestructura eléctrica no es solo un ataque contra activos físicos, sino contra las comunidades y su bienestar”, afirmó Edwin Palma, ministro de Minas y Energía. El funcionario señaló que este tipo de acciones impactan directamente la vida cotidiana, el funcionamiento de servicios esenciales y la actividad productiva, profundizando las dificultades sociales y económicas de los territorios afectados.
Ante esta situación, el Ministerio de Minas y Energía informó que trabaja de manera articulada con el Ministerio de Defensa, el Centro Nacional de Despacho y las empresas operadoras de red. Estas acciones buscan garantizar la continuidad del servicio en los departamentos del Cauca y Nariño y restablecer con rapidez los circuitos que han resultado afectados por los ataques.
Según el ministro Palma, se ha reforzado la seguridad física y eléctrica de la infraestructura estratégica del país. Las autoridades avanzan, además, en procesos de judicialización contra los responsables de los atentados, con el objetivo de proteger los activos del sistema y prevenir nuevas acciones violentas contra bienes públicos esenciales.
El Gobierno nacional reiteró su compromiso con la seguridad energética y con la defensa del derecho de la ciudadanía a acceder de manera continua a los servicios públicos. La protección de la infraestructura eléctrica es considerada una prioridad para garantizar el desarrollo regional y la estabilidad social en el suroccidente del país.
Finalmente, el Ministerio de Minas y Energía anunció que continuará informando de forma oportuna sobre la evolución de la situación. Asimismo, hizo un llamado a rechazar cualquier acto violento que afecte bienes públicos y ponga en riesgo el bienestar de la población y la prestación de servicios esenciales.
