Ante la alta afluencia de visitantes que llegará a Medellín por el concierto del artista internacional Bad Bunny, la Superintendencia de Industria y Comercio lanzó una advertencia a los prestadores de servicios de alojamiento turístico. La entidad alertó sobre prácticas irregulares detectadas a partir de denuncias ciudadanas, relacionadas con la cancelación unilateral de reservas previamente pactadas. Según la SIC, algunos operadores estarían anulando acuerdos con turistas para volver a ofrecer los mismos espacios a precios más altos, conducta que vulnera los derechos de los consumidores y el régimen general de turismo.
La Superintendencia explicó que estas situaciones se han hecho visibles a través de redes sociales y medios de comunicación, donde turistas han denunciado cancelaciones injustificadas en vísperas del evento musical. La entidad recordó que el aumento de la demanda no habilita a los prestadores a desconocer los compromisos adquiridos con los consumidores. Las reservas confirmadas constituyen acuerdos contractuales que deben ser respetados en los términos ofrecidos, independientemente de cambios en el mercado o de oportunidades de rentabilidad asociadas a eventos de alta concentración turística en la ciudad.
En su calidad de Autoridad Nacional de Inspección, Vigilancia y Control de los Prestadores de Servicios Turísticos, la SIC advirtió que el incumplimiento de las reservas puede acarrear sanciones severas. Las multas podrían alcanzar hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo de la gravedad de la conducta. Estas medidas buscan desincentivar prácticas abusivas y proteger la confianza de los turistas, especialmente en contextos de alta visibilidad internacional, donde el comportamiento del sector impacta directamente la imagen del país como destino turístico confiable.
La entidad recordó que estas conductas no solo vulneran derechos del consumidor, sino que pueden constituir infracciones graves al régimen legal del turismo. En caso de incumplimiento total o parcial del servicio contratado, el prestador está obligado, a elección del turista, a ofrecer un servicio equivalente en calidad o a reembolsar y compensar el valor pagado. Esta obligación está contemplada en el artículo 63 de la Ley 300 de 1996, conocida como la Ley General de Turismo, que regula las relaciones entre operadores y usuarios.
La SIC enfatizó que las viviendas turísticas y demás modalidades de alojamiento también están sujetas a estas disposiciones. Ningún prestador está exento del cumplimiento de las normas que rigen la actividad turística en Colombia. La autoridad reiteró que el respeto por las condiciones pactadas es un principio esencial para garantizar relaciones de consumo transparentes, equitativas y sostenibles, especialmente en ciudades como Medellín, que reciben grandes flujos de visitantes durante eventos culturales y musicales de alcance internacional.
En ese sentido, la Superintendencia invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier incumplimiento al régimen general de turismo. Las quejas pueden presentarse a través del formulario de PQRSF disponible en la sede electrónica de la entidad, aportando los hechos y las pruebas pertinentes. Además, la SIC anunció que iniciará de oficio las investigaciones correspondientes frente a los casos que hayan sido expuestos públicamente, incluso cuando no exista una denuncia formal previa por parte del afectado.
La autoridad de consumo reiteró que la libertad económica y la iniciativa privada no son absolutas. Estas deben ejercerse en equilibrio con la función social de la empresa y la prevalencia del interés general, conforme a lo establecido en la Constitución Política. El aprovechamiento de coyunturas de alta demanda para imponer condiciones abusivas contradice los principios que rigen el mercado turístico y debilita la confianza de los consumidores nacionales e internacionales en el sector.
Finalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de los turistas y con la transparencia en las relaciones de consumo. La entidad señaló que su labor busca preservar la confianza en el turismo colombiano, un sector estratégico para la economía nacional. En escenarios de alta exposición internacional, el cumplimiento de la ley por parte de los prestadores no solo es una obligación jurídica, sino un elemento clave para garantizar experiencias responsables y sostenibles para quienes visitan el país.
