El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado en un operativo ordenado por Washington, una declaración que sacudió el escenario político regional. El anuncio fue difundido por Trump mediante mensajes públicos, pero no estuvo acompañado de pruebas verificables ni de un informe oficial detallado sobre el supuesto procedimiento.
Horas después, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió formalmente pruebas de vida del jefe de Estado. La solicitud se produjo ante la ausencia de información confirmada sobre su paradero y fue presentada como una exigencia directa al gobierno estadounidense.
El Ejecutivo venezolano calificó el anuncio de Trump como una grave agresión política y comunicacional, y denunció una posible operación de desestabilización. Voceros oficiales señalaron que hasta ese momento no existía notificación diplomática ni evidencia objetiva que acreditara la captura del presidente.
En paralelo, residentes de Caracas reportaron ruidos fuertes y movimientos aéreos irregulares durante la madrugada. Sin embargo, estas versiones no han sido confirmadas por misiones internacionales ni por organismos independientes. Autoridades locales atribuyeron los hechos a maniobras internas de seguridad.
Desde Estados Unidos, el anuncio provocó reacciones divididas en el escenario político. Algunos legisladores aliados de Trump respaldaron la medida, mientras que otros reclamaron explicaciones formales y claridad jurídica, especialmente sobre la legalidad de una operación de esta naturaleza.
Expertos en derecho internacional advirtieron que la eventual captura de un jefe de Estado en ejercicio en territorio extranjero constituiría un hecho de extrema gravedad. De confirmarse, abriría debates sobre soberanía, uso de la fuerza y eventuales responsabilidades ante instancias multilaterales.
Gobiernos de América Latina y Europa hicieron llamados a la prudencia y a la verificación independiente de la información. Varias cancillerías insistieron en la necesidad de evitar una escalada que ponga en riesgo la estabilidad regional y la seguridad de la población civil.
La oposición venezolana reaccionó con cautela frente a los anuncios. Dirigentes políticos exigieron información verificable y reiteraron que cualquier escenario de transición debe darse por vías constitucionales, con garantías y acompañamiento internacional.
Analistas recordaron que Estados Unidos mantiene acusaciones judiciales previas contra Nicolás Maduro. No obstante, subrayaron que una declaración política no sustituye una orden judicial ni una confirmación institucional sobre una eventual detención.
