El Gobierno nacional dio a conocer un borrador de decreto que busca modificar el régimen de inversión de los fondos privados de pensiones, con el fin de repatriar una parte significativa de los recursos actualmente invertidos en el exterior. La propuesta, publicada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, plantea limitar al 30 % la inversión internacional de los fondos de pensiones obligatorias y destinar el 70 % restante a proyectos productivos dentro del país. El documento estará abierto a comentarios hasta el 4 de febrero de 2026 y marca un nuevo capítulo en el debate sobre el uso del ahorro pensional.
La iniciativa modifica el Decreto 2555 de 2010 y establece un límite global de inversión externa aplicable a los cuatro tipos de fondos: conservador, moderado, de mayor riesgo y especial de retiro programado. Según el Gobierno, la medida no parte de un escenario de incumplimiento por parte de las administradoras, sino de un ajuste prudencial agregado orientado a fortalecer la inversión nacional. El borrador reconoce que los fondos han respetado los topes individuales vigentes, pero considera necesario redirigir una mayor proporción del ahorro hacia sectores estratégicos de la economía colombiana en los próximos años.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de un banco de proyectos de inversión productiva, promovido por el Ministerio de Hacienda, que permita canalizar los recursos repatriados hacia sectores con alto impacto económico. Entre ellos se destacan infraestructura, construcción y actividades productivas con elevados multiplicadores sobre el PIB. El objetivo es dinamizar la economía, fortalecer el mercado de capitales local y generar encadenamientos que impulsen el crecimiento y el empleo, utilizando de manera más directa el ahorro pensional como motor de desarrollo interno.
El documento también se apoya en cifras oficiales para justificar la necesidad del cambio. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el tercer trimestre de 2025 la inversión representó el 19,7 % del PIB, mientras que el ahorro apenas alcanzó el 8 %. Esta brecha, según el Gobierno, evidencia la urgencia de adoptar medidas que incentiven el ahorro nacional y aseguren que este se invierta de manera más eficiente dentro del país, reduciendo la dependencia de capital externo para financiar proyectos estratégicos.
Para evitar impactos abruptos en los portafolios, el borrador de decreto establece un régimen de transición de cinco años. Durante este periodo, los fondos privados deberán reducir gradualmente su exposición a activos en el exterior, pasando a un límite intermedio del 35 % al tercer año y alcanzando el tope definitivo del 30 % al quinto año. Este esquema gradual busca proteger la estabilidad financiera, permitir ajustes ordenados en las estrategias de inversión y salvaguardar los intereses de los afiliados al sistema pensional.
La memoria justificativa del decreto detalla que, con corte al 30 de noviembre de 2025, los fondos de pensiones obligatorias administraban $527,3 billones, de los cuales $257,1 billones estaban invertidos en activos del exterior, equivalentes al 48,8 % del portafolio agregado. Según datos de la Superintendencia Financiera de Colombia, esta composición cumple la normativa actual, pero deja margen para una redistribución progresiva de recursos hacia inversiones nacionales de largo plazo con criterios de rentabilidad y riesgo ajustado.
En términos prácticos, el Gobierno estima que la implementación del decreto permitiría repatriar cerca de $125 billones en un horizonte de cinco años. Estos recursos serían clave para financiar proyectos estratégicos, especialmente en infraestructura, sin recurrir de manera excesiva al endeudamiento público. La propuesta fue planteada previamente por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, como una herramienta para fortalecer la inversión interna y apoyar el crecimiento económico en un contexto de restricciones fiscales.
El borrador concluye que la medida busca equilibrar seguridad, rentabilidad y responsabilidad social en la gestión del ahorro pensional, protegiendo los intereses de los afiliados y promoviendo el desarrollo del país. La iniciativa se inscribe dentro de una visión más amplia del Gobierno del presidente Gustavo Petro, orientada a alinear los flujos de capital con las prioridades productivas nacionales. Ahora, el debate queda abierto para que actores del sistema financiero, expertos y ciudadanía evalúen el alcance y los riesgos de esta transformación.
