El Gobierno nacional expidió el Decreto 1428 de 2025, con el que establece un mecanismo diferencial en el precio del diésel (ACPM) para los vehículos de servicio particular, diplomático y oficial. La medida busca corregir distorsiones históricas en el uso de los subsidios a los combustibles y proteger las finanzas públicas, sin afectar al transporte público ni a los sectores que cumplen una función social esencial.
Durante años, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) terminó subsidiando el consumo de diésel de vehículos que no hacen parte del transporte de carga ni de pasajeros. Esta situación generó un alto costo fiscal para el Estado y una asignación regresiva de recursos públicos que no beneficiaba directamente a la mayoría de la población.
Con el nuevo decreto, el precio del diésel para los vehículos particulares, diplomáticos y oficiales se acerca progresivamente a su valor real de mercado. Al mismo tiempo, el Gobierno excluyó de manera expresa al transporte público de carga y de pasajeros, garantizando que no habrá incrementos en las tarifas ni impactos sobre el costo de los alimentos, la movilidad urbana o el bolsillo de los hogares colombianos.
Desde el Ejecutivo se insistió en que la decisión no constituye un aumento generalizado del combustible, sino una corrección técnica y fiscal. El objetivo es que los subsidios cumplan su función social, concentrándose en los sectores que sostienen el empleo, la producción y el acceso al transporte para millones de personas en todo el país.
“El subsidio a los combustibles debe estar donde cumple una función social. Proteger al transporte público es proteger el empleo, la producción y el costo de vida de millones de familias”, afirmó Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, al explicar los alcances de la medida adoptada por el Gobierno Nacional.
La implementación del mecanismo será gradual y focalizada. En una primera etapa se aplicará en las principales ciudades y áreas metropolitanas del país, lo que permitirá hacer seguimiento técnico al impacto fiscal y operativo antes de evaluar su extensión a otros municipios. El Gobierno aseguró que este monitoreo será permanente y coordinado con las autoridades locales.
Desde el Ministerio de Minas y Energía se reiteró que la medida busca mayor equidad en el uso de los recursos públicos, corrigiendo un esquema que beneficiaba a sectores sin función social prioritaria. El ajuste, señalaron, contribuye a la sostenibilidad del FEPC y a la estabilidad macroeconómica del país.
Con esta decisión, el Ejecutivo envía un mensaje de disciplina fiscal y de protección a la economía popular. La focalización del subsidio al diésel apunta a garantizar que los recursos del Estado se destinen a quienes realmente los necesitan, manteniendo el equilibrio entre responsabilidad financiera, justicia social y estabilidad en el sistema de transporte.
