El Gobierno Nacional de Colombia, a través del Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en Cúcuta, informó sobre el seguimiento y las acciones coordinadas frente a la coyuntura regional derivada de los recientes acontecimientos en Venezuela. La estrategia integra respuestas en los frentes migratorio, humanitario, de seguridad, paz y diplomacia, con articulación entre entidades nacionales, regionales y locales.
En materia migratoria, el Gobierno advirtió desafíos específicos, especialmente en salud pública, razón por la cual se decretó alerta amarilla para la red hospitalaria de la región fronteriza. Las autoridades hicieron un llamado a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para cumplir sus obligaciones y garantizar el flujo oportuno de recursos hacia los hospitales y centros asistenciales de los territorios limítrofes.
El Ministerio de Salud recordó que a finales de diciembre se giraron más de 600 mil millones de pesos a la red de servicios, lo que refuerza la disponibilidad de recursos. Además, se reiteró que los municipios fronterizos cuentan con equipos básicos de atención en territorio y que el derecho fundamental a la salud está garantizado para todas las personas residentes en el país, sin discriminación.
Desde las primeras horas del día se activaron reuniones interinstitucionales y herramientas tecnológicas como el Registro Migratorio, que permite evaluar en tiempo real la dinámica de los flujos y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado. Migración Colombia cuenta además con formularios de registro que facilitan la identificación y caracterización de ciudadanos extranjeros que ingresen al país.
En el componente humanitario, el Gobierno señaló la necesidad de intensificar acciones de solidaridad con la población venezolana, priorizando el acceso a alimentos, salud y educación. También se enfatizó la prevención de la discriminación, la xenofobia y las violencias, destacando convenios vigentes entre el Programa Mundial de Alimentos y el ICBF para la provisión de ayudas.
La protección integral de la infancia fue señalada como prioridad. Actualmente existen acuerdos de cooperación del ICBF en Arauca, La Guajira y Norte de Santander, orientados a garantizar derechos y protección de niñas, niños y adolescentes en el contexto de la frontera, con especial atención a poblaciones indígenas y víctimas del conflicto armado.
En seguridad, el PMU advirtió una alta complejidad por la extensión de la frontera, superior a 2.200 kilómetros, y la presencia de más de 30.000 efectivos de la Fuerza Pública en primer grado de alistamiento. El Gobierno alertó sobre el riesgo que representan organizaciones criminales transnacionales como el ELN y el Tren de Aragua, especialmente en regiones ocomo el Catatumbo.
Finalmente, en el frente diplomático, Colombia convocó una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, solicitó un encuentro extraordinario de la OEA y una reunión de cancilleres de la CELAC. El Gobierno reafirmó su compromiso con la paz, la soberanía, la solidaridad regional y la protección de los derechos humanos, en una respuesta responsable y coordinada ante la actual coyuntura.
