La Fiscalía General de la Nación avanzó en la judicialización de un entrenador de fútbol señalado de almacenar y transmitir material de contenido sexual que involucraría a menores de edad, en un caso que vuelve a poner en el centro la protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. La investigación permitió establecer un patrón de conducta reiterada y el uso de plataformas virtuales para la circulación de archivos ilícitos, lo que activó mecanismos especializados de persecución penal y cooperación internacional orientados a salvaguardar los derechos fundamentales de las víctimas.
De acuerdo con las autoridades, las acciones investigativas permitieron identificar el actuar presuntamente ilegal de Luis Fernando Palacio Sinisterra, quien habría producido, recopilado, almacenado y compartido fotografías y videos con contenido sexual de menores de edad. El caso fue asumido por unidades especializadas, dadas la gravedad de los hechos y la necesidad de aplicar un enfoque diferencial y protector frente a las víctimas, evitando su revictimización y garantizando la confidencialidad durante todo el proceso judicial en curso.
La Fiscalía, con apoyo de la Agencia de Investigación de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), determinó que el material habría sido difundido mediante plataformas virtuales y correspondería, al menos, a cinco víctimas con edades entre los 13 y 16 años. En total, se identificaron cerca de 60 archivos con contenido explícito, información que fue incorporada como material probatorio dentro del proceso penal y que permitió sustentar la imputación formulada por el ente acusador.
Según el expediente, los hechos investigados se habrían registrado entre diciembre de 2024 y julio de 2025 en la ciudad de Medellín, Antioquia. Las autoridades señalaron que el procesado, de 37 años, presuntamente habría aprovechado su rol como entrenador de fútbol para acercarse a una de las víctimas, generar un vínculo de confianza y posteriormente instrumentalizarla, situación que agrava la conducta y refuerza la necesidad de medidas judiciales estrictas para proteger a la población menor de edad.
Con base en estos elementos, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó el delito de pornografía con menor de 18 años. La imputación se realizó en audiencias concentradas, bajo los protocolos establecidos para este tipo de casos, priorizando la protección de las víctimas y el manejo prudente de la información, dada la sensibilidad del proceso y el impacto social de los hechos investigados.
Durante el desarrollo de las audiencias, el procesado no aceptó el cargo imputado por la Fiscalía. No obstante, tras evaluar los elementos presentados por el ente acusador, un juez de control de garantías consideró que existían fundamentos suficientes para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, decisión adoptada con el fin de proteger a las víctimas y evitar posibles riesgos para la investigación.
La Fiscalía reiteró que este tipo de conductas constituyen graves vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes, y que su persecución es una prioridad institucional. Asimismo, destacó la importancia de la cooperación internacional y del trabajo articulado entre autoridades para enfrentar delitos que se cometen en entornos digitales, donde la trazabilidad de la información y la respuesta oportuna resultan fundamentales para la judicialización efectiva.
Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de menores de edad, recordando que la prevención, la vigilancia social y el uso responsable de las tecnologías son claves para combatir estas conductas. El caso continúa su curso en la justicia, mientras se mantienen activas las acciones de protección y acompañamiento a las víctimas, bajo estrictos criterios de reserva y respeto.
