Dos meses después de entrar en vigor la norma que obliga a medir y pagar los tiempos de carga y descarga, el transporte de carga en Colombia vive una transición tensa. Lo que parecía un ajuste técnico terminó tocando el corazón de la economía: cuando suben los costos logísticos, el impacto no se queda en el camión, llega al precio final de alimentos, medicinas, electrodomésticos y materiales de construcción. El reloj empezó a correr y el país comienza a sentir sus efectos en una cadena donde nada se mueve gratis ni sin consecuencias.
La nueva obligación, vigente desde el 30 de noviembre de 2025, busca corregir una deuda histórica con los camioneros: reconocer y remunerar las horas de espera. Cada cierre nocturno, congestión o retraso ahora queda registrado automáticamente ante el Ministerio de Transporte a través del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC). Por primera vez, ese tiempo invisible entra en la ecuación del flete, con valores definidos por el SICE TAC.
Para dimensionar el cambio basta un dato: en Colombia se realizan más de 1,2 millones de viajes de carga al mes. Cada camión deja una huella digital que hoy incluye las horas de espera del conductor. Para Satrack, que reunió a camioneros, transportadoras y generadores de carga para evaluar estos dos primeros meses, el impacto va mucho más allá del sector. “Todo lo que usted come, toma o usa fue transportado”, explica Sergio Ramírez, gerente para empresas de la compañía, al subrayar que el RNDC funciona como un diario de la economía real.
En la práctica, la vida no siempre cabe en un sistema. Los relatos de los camioneros muestran las grietas entre la norma y la realidad. Esperas prolongadas por citas, cierres nocturnos por seguridad, retrasos por trancones o bloqueos terminan registrados como horas de descarga que nunca ocurrieron. “Según el sistema me demoré 15 horas, pero descargué en dos”, cuenta un conductor que prefirió dejar su camión dentro del almacén para evitar un robo millonario. El dato automático existe, pero no siempre explica el contexto.
Las empresas transportadoras reconocen avances, pero advierten vacíos. La estandarización de la información es un logro, sin duda, pero las geocercas, la inestabilidad de la plataforma y el desconocimiento operativo de algunos generadores de carga generan fricciones. Para muchos, la responsabilidad del pago de los tiempos termina recayendo sobre la empresa de transporte, incluso cuando los retrasos obedecen a factores externos como infraestructura deficiente o problemas de seguridad en las vías.
Desde la mirada tecnológica, el RNDC es una oportunidad enorme. “Los datos son una fortuna”, dicen los expertos. Permiten comparar operaciones, optimizar procesos y negociar con mayor transparencia. Pero también revelan lo que el país no ha resuelto: carreteras en mal estado, bloqueos recurrentes, inseguridad y una logística que históricamente funcionó sin reloj. Pretender que un sistema capture todas las variables del terreno es uno de los grandes desafíos de esta transición.
El temor a las sanciones ha generado un clima de tensión entre camioneros, transportadoras y generadores de carga. Algunos advierten que, mal implementada, la norma podría incentivar informalidad: fletes por fuera del sistema, omisión de datos o rutas no registradas. Paradójicamente, una regulación pensada para ordenar el sector podría, sin ajustes, empujar prácticas que van en contravía de su objetivo original.
En el fondo, el debate trasciende al transporte. Cada peso adicional en logística se traduce en precios más altos para el ciudadano. Los expertos coinciden en que las mejoras deben venir por eficiencia, no solo por mayores costos. El llamado es a usar la información para corregir cuellos de botella, modernizar procesos y mejorar infraestructura, no únicamente para sancionar. El reloj empezó a correr y Colombia apenas está aprendiendo a cronometrar un sector que durante décadas operó a pulso, no a segundos.
