Con el inicio del calendario académico en todo el país, el Ministerio de Educación Nacional activó un plan de choque orientado a garantizar el acceso, la permanencia y la continuidad educativa de niñas, niños y jóvenes migrantes venezolanos, así como de la población colombiana. La estrategia busca fortalecer la respuesta del sistema educativo oficial en un momento clave del año escolar. El enfoque está puesto en la atención oportuna y en la estabilidad de las comunidades educativas. La educación vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.
De acuerdo con la cartera educativa, el despliegue responde a la necesidad de asegurar el derecho fundamental a la educación en territorios que enfrentan mayores retos por la migración, la pobreza y contextos de conflictividad. El plan contempla acompañamiento técnico, presencia institucional y trabajo articulado con las entidades territoriales certificadas. La prioridad es evitar la exclusión escolar y garantizar trayectorias educativas completas. La política apunta tanto a cobertura como a permanencia.
Las acciones se concentran especialmente en los departamentos de La Guajira, Arauca, Norte de Santander —con énfasis en la región del Catatumbo—, Vichada y Cesar. En estas zonas se reforzará la atención a las comunidades educativas y el acompañamiento a las secretarías de educación. Según las proyecciones oficiales, el sistema educativo cuenta con capacidad institucional para atender población adicional si la demanda lo requiere. La planificación busca anticiparse a los flujos migratorios y a los picos de matrícula.
El plan de choque incluye la identificación y habilitación de cupos escolares, el apoyo a los procesos de matrícula y el seguimiento a la permanencia de los estudiantes. También contempla asistencia directa a las autoridades educativas locales para garantizar la continuidad del servicio. El objetivo es reducir riesgos de deserción y asegurar que ningún niño o joven quede por fuera del sistema. La respuesta institucional se plantea como preventiva y no reactiva.
De manera paralela, el Ministerio avanza en el acompañamiento general al inicio del año escolar 2026 en todo el territorio nacional. Esto incluye seguimiento a la prestación del servicio educativo, asistencia técnica a directivos docentes y articulación interinstitucional para atender riesgos asociados a movilidad, conflicto y vulnerabilidad social. El foco está en sostener el funcionamiento regular de las escuelas desde el primer día. La educación se entiende como un factor de estabilidad social.
En las zonas de frontera, se fortalece además el acceso a la educación superior a través del Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior, dirigido a estudiantes de grados décimo y undécimo. El programa combina nivelación en matemáticas y lenguaje, orientación socioemocional e inmersión temprana en la vida universitaria. También involucra a familias y comunidades en el proceso educativo. La meta es cerrar brechas antes del egreso de la educación media.
Durante 2026, el PTIES se desarrollará en Uribia y Dibulla (La Guajira); El Tarra, Convención y Tibú (Catatumbo); y Chimichagua (Cesar), beneficiando a cerca de mil jóvenes. Las cifras de educación superior muestran una relación directa entre presencia institucional y matrícula. La Guajira cuenta con 13 instituciones de educación superior oficiales y 154 programas académicos, mientras Cesar registra 11 instituciones y 130 programas. En contraste, Arauca y Vichada presentan los mayores desafíos de cobertura.
Como complemento, el Ministerio implementa la estrategia Educación Superior en tu colegio, que permite a jóvenes de zonas rurales y municipios priorizados acceder a formación superior pública sin salir de su territorio. Para el primer periodo de 2026 se ofrecerán más de 6.200 cupos en 82 colegios de 47 municipios de La Guajira, Norte de Santander (Catatumbo), Cesar, Arauca y Vichada. En la iniciativa participan 16 instituciones públicas de educación superior. El objetivo es ampliar oportunidades y reducir desigualdades desde el territorio.
