Las dificultades que enfrentan varios colegios privados en Colombia responden a transformaciones sociales, demográficas y culturales que vienen impactando el sistema educativo desde hace varios años. Así lo explicó el Ministerio de Educación Nacional, al señalar que se trata de una situación estructural, acentuada tras la pandemia y profundizada por nuevas dinámicas familiares y económicas. La entidad aseguró que es consciente de los retos que viven especialmente los establecimientos que atienden a familias de los estratos uno, dos y tres, y reiteró que no existe una política orientada a afectar al sector privado educativo.
El Ministerio precisó que el fenómeno no es reciente y se ha intensificado por factores que modificaron la demanda educativa. Entre ellos se encuentran cambios económicos, culturales y educativos que han transformado las decisiones de las familias. La pandemia del COVID-19 aceleró estas dinámicas, alterando hábitos de escolarización y permanencia. Como resultado, algunos colegios privados, en especial los de menor tamaño, han visto reducida su matrícula, lo que afecta su sostenibilidad financiera y operativa. Esta realidad ha generado preocupación en comunidades educativas y motivó al Gobierno a ofrecer un contexto amplio sobre la situación.
Uno de los factores centrales es la reducción sostenida de la natalidad en el país. De acuerdo con cifras del DANE, en 2024 se registraron 453.901 nacimientos, lo que representa una disminución del 12 por ciento frente a 2023 y una caída del 31,3 por ciento en comparación con 2015. Esta tendencia implica una reducción progresiva del número de niños y niñas en edad escolar, impactando directamente la demanda de cupos en instituciones educativas, particularmente en el sector privado, donde la matrícula depende de la capacidad de pago y decisión de las familias.
A la disminución de la natalidad se suman cambios en las decisiones educativas de los hogares. Algunas familias han optado por matricular a sus hijos en instituciones oficiales, mientras otras exploran alternativas como el estudio en casa o homeschooling. El Ministerio recordó que esta modalidad no se encuentra reglamentada en Colombia, por lo que no constituye una opción formal dentro del sistema educativo. Estas decisiones, combinadas con factores económicos, afectan de manera particular a colegios privados pequeños, que enfrentan mayores dificultades para sostener su matrícula y garantizar su operación regular.
El impacto es visible en cifras concretas. En el caso de Bogotá, al cierre de 2025, 243 establecimientos educativos privados reportaron una matrícula inferior a cincuenta estudiantes. Dentro de este grupo, 154 instituciones registraron una disminución de alumnos frente al año anterior. Estos datos reflejan los retos que enfrentan los colegios de menor escala, que cuentan con menos capacidad para absorber fluctuaciones en la matrícula y mayores costos fijos asociados al funcionamiento institucional.
Frente a este panorama, el Ministerio destacó que ha mantenido espacios permanentes de diálogo con el sector educativo privado. En articulación con la Mesa Nacional de Educación Privada y la Mesa Distrital de Rectores de Colegios Privados, durante 2025 se adelantaron mesas de trabajo para definir los parámetros de ajuste de las tarifas educativas. Este proceso derivó en la Resolución 019805 del 30 de septiembre de 2025, que incluyó consulta y participación ciudadana como parte del ejercicio regulatorio.
El trabajo conjunto permitió establecer para más de nueve mil colegios privados del país un ajuste de hasta el 9,10 por ciento en las tarifas de matrícula, pensiones y cobros periódicos para el año escolar 2026. La medida incorporó nuevos criterios, como el índice de permanencia estudiantil y la atención a población con discapacidad, buscando equilibrar los intereses de colegios, familias y docentes. El Ministerio explicó que el impacto del aumento del salario mínimo, al ser una política nacional, tiene efectos acotados en los costos educativos.
Finalmente, el Ministerio reiteró que su responsabilidad principal es garantizar el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, sin desconocer las inquietudes del sector privado. La entidad aseguró que continuará promoviendo espacios de diálogo para buscar alternativas frente a los desafíos actuales. El Gobierno afirmó que seguirá actuando con responsabilidad y transparencia, poniendo en el centro el derecho fundamental a la educación y el bienestar de las comunidades educativas, en un contexto de cambios estructurales que exigen respuestas integrales y concertadas.
