La Alcaldía Mayor de Bogotá ordenó el cierre temporal de una clínica de cirugía plástica ubicada al norte de la ciudad, luego de comprobarse su responsabilidad en la disposición inadecuada de residuos peligrosos en plena vía pública, una conducta que puso en riesgo la salud de la ciudadanía y el medio ambiente.
El hallazgo se produjo el martes 6 de enero en la Autopista Norte, a la altura de la calle 102 , donde fueron encontrados residuos biológicos como jeringas, tubos con sangre, ropa quirúrgica y bolsas de suero. Ante la situación, se activó de inmediato una respuesta interinstitucional para atender la emergencia.
En la inspección participaron la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de Salud, la UAESP, la Alcaldía Local de Suba y la Policía Metropolitana de Bogotá, logrando identificar a la clínica responsable del manejo irregular de estos residuos.
Como resultado de la actuación, el establecimiento fue sellado temporalmente el 7 de enero. Además, la Policía impuso un comparendo y la Secretaría de Salud aplicó una medida sanitaria de clausura, al evidenciarse una afectación directa a la salud pública y el incumplimiento de la normativa vigente sobre residuos peligrosos.
La secretaria (e) de Ambiente, Claudia Galvis, señaló que el Distrito actuó de manera contundente y coordinada. Recalcó que en Bogotá quien genera residuos peligrosos tiene la obligación legal de gestionarlos adecuadamente y que el incumplimiento de esta responsabilidad conlleva sanciones ejemplares.
Por su parte, el alcalde local de Suba, César Salamanca, fue enfático al afirmar que durante 2026 no se tolerarán conductas que pongan en riesgo la vida y la salud de la ciudadanía. Subrayó que el orden y el cumplimiento de la norma son prioridades, por instrucción del alcalde mayor Carlos Fernando Galán.
Durante la visita de inspección, la Secretaría de Salud determinó que la clínica no contaba con el formato de movimiento interno de residuos correspondiente al periodo entre el 20 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026, una omisión que vulnera de forma directa la normatividad ambiental y sanitaria.
Las autoridades informaron que las medidas se mantendrán hasta que el establecimiento demuestre el cumplimiento total de la normativa. Por estos hechos, la clínica podría enfrentar multas de hasta 100.000 salarios mínimos y los responsables penas de prisión entre 69 y 140 meses. La Alcaldía reiteró que Bogotá no es un basurero e invitó a la ciudadanía a denunciar estos casos a la Línea 195 opción 8 o a la Línea 123.
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