En el marco del Día Distrital contra el Feminicidio, Bogotá presentó una de las investigaciones más completas de los últimos años sobre este delito, un estudio que permite comprender las trayectorias de violencia que preceden la mayoría de los casos y que orienta una respuesta institucional más precisa. Bajo el título “Vidas que importan, datos que cuentan”, el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) analizó 212 asesinatos de mujeres entre 2023 y 2024, de los cuales 47 fueron tipificados como feminicidios según el artículo 104A del Código Penal. El documento visibiliza patrones de violencia sostenida, perfiles de agresores, impactos en las familias y zonas críticas de la ciudad.
Uno de los hallazgos más contundentes revela que en el 49% de los feminicidios hubo trayectorias previas de agresiones, muchas de ellas naturalizadas o invisibilizadas. La violencia física aparece como la más frecuente (70%), seguida por la psicológica (65%), verbal (48%), económica (30%) y patrimonial (26%), mientras que otras formas como la sexual (17%), vicaria (13%) y el acoso (4%) completan un entramado de riesgos crecientes. La investigación confirma que estos ciclos sostenidos, pese a ser advertidos en contextos familiares y comunitarios, suelen escalar sin una intervención efectiva.
El feminicidio íntimo fue la modalidad predominante: 87% de los casos, y en el 72% la pareja o expareja de la víctima fue el agresor. Esto refuerza la urgencia de fortalecer las rutas de atención y los mecanismos de protección temprana en relaciones afectivas donde persisten señales de riesgo. El estudio revela que el 26% de los agresores tenía antecedentes de violencia de género y que el 24% contaba con acceso a armas de fuego, lo que aumentó la letalidad de los ataques. Todos los presuntos agresores fueron hombres, lo que reafirma el componente estructural de este delito.
Las víctimas indirectas representan otro eje crítico. El 81% de los feminicidios dejó impactos directos en hijas e hijos menores de edad, quienes en el 23% de los casos presenciaron el crimen o se encontraban en el lugar al momento del ataque. Esta exposición marca una huella psicológica profunda y demanda mayores capacidades institucionales para acompañar a estas niñas, niños y adolescentes. Además, el estudio puntualiza que en el 19% de los casos las madres de las víctimas también resultaron afectadas como víctimas indirectas.
El análisis evidencia además que las violencias feminicidas no afectan por igual a todas las mujeres. El 13% de las víctimas eran migrantes, un 4% realizaba actividades sexuales pagadas, otro 4% había sido víctima del conflicto armado y un 2% pertenecía a comunidades indígenas. Estas cifras subrayan las intersecciones entre género, desigualdad, discriminación estructural y vulnerabilidad, elementos que amplifican los riesgos y condicionan las posibilidades de protección y denuncia en determinados contextos.
Entre 2023 y 2024, además de los casos tipificados oficialmente como feminicidio, se identificaron 43 homicidios adicionales con indicios de motivación por razones de género. Esto revela grietas en la identificación inicial de los casos y la necesidad de fortalecer las capacidades de las instituciones para tipificar adecuadamente el delito. La investigación también recoge un análisis territorial que muestra un mapa desigual: entre 2020 y 2024, las tasas más altas se concentraron en Los Mártires, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Santa Fe y Usme.
El estudio identifica cuatro determinantes estructurales que explican la variación entre localidades: las brechas en seguridad integral, la sobrecarga de labores de cuidado no remunerado en mujeres, y los altos niveles de informalidad laboral tanto en mujeres como en hombres. Estos factores configuran escenarios donde la violencia de género tiende a escalar y donde las instituciones encuentran mayores dificultades para prevenir, atender y garantizar la protección efectiva. La conclusión es clara: sin políticas focalizadas, los riesgos seguirán reproduciéndose territorialmente.
Durante el lanzamiento del informe, la secretaria Distrital de la Mujer, Laura Tami Leal, subrayó que esta investigación “es un compromiso con las mujeres que ya no están, con sus familias y con todas las que hoy viven con miedo”. Sus declaraciones llaman a que los datos no se queden en diagnósticos, sino que impulsen decisiones contundentes que conviertan el conocimiento en acción. Con estas conclusiones, Bogotá avanza en la comprensión de un fenómeno complejo, doloroso y estructural, y reafirma la necesidad de respuestas integrales que garanticen que ninguna mujer sea asesinada por el hecho de ser mujer.
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