Horacio José Serpa advirtió que el borrador de decreto con el que el Gobierno busca modificar el Registro Nacional de Turismo y endurecer las condiciones para las estancias cortas a través de Airbnb rompe de manera directa con el espíritu de la Ley 2068 de 2020, norma que él mismo impulsó y defendió en el Congreso como ponente principal.
El hoy candidato al Senado recordó que dicha ley nació con un objetivo claro: reducir trámites, facilitar la formalización y permitir que pequeños propietarios y microemprendedores pudieran generar ingresos adicionales a través de la economía digital y el turismo colaborativo, sin cargas desproporcionadas ni barreras administrativas innecesarias.
Según Horacio José Serpa, el nuevo decreto introduce requisitos que nunca fueron contemplados por el legislador, como la exigencia de usos del suelo turísticos, autorizaciones de propiedad horizontal y registros individuales por cada vivienda, condicionando de facto el ejercicio del derecho de propiedad y de arrendamiento.
Para Serpa, este enfoque configura una especie de expropiación administrativa, al subordinar derechos fundamentales a trámites y permisos que no están respaldados por la ley vigente. En su criterio, se trata de una extralimitación normativa que desnaturaliza el marco legal aprobado por el Congreso.
El dirigente político alertó que la medida pone en riesgo un segmento que hoy sostiene alrededor de 230 mil empleos y representa una fuente de ingreso clave para miles de familias en todo el país, muchas de ellas en contextos de informalidad laboral y economías locales frágiles.
Adicionalmente, señaló que el decreto traslada a las alcaldías una carga administrativa que resulta inviable de gestionar, generando congestión institucional, mayor riesgo de informalidad y un desgaste innecesario de las entidades territoriales, sin que ello se traduzca en un mejor control del sector.
Serpa insistió en que la Ley 2068 apostó por la innovación, la inclusión y el reconocimiento de nuevas formas de turismo, y advirtió que el país no debería repetir experiencias pasadas como el caso de Uber, donde la presión regulatoria terminó afectando a ciudadanos que buscaban alternativas legítimas de ingreso.
Finalmente, hizo un llamado al Gobierno para corregir el rumbo del decreto y abrir un diálogo que respete el marco legal vigente, promueva el emprendimiento y garantice un turismo moderno y equilibrado. “Colombia necesita más microempresarios, más ingresos familiares y reglas claras que no castiguen la innovación”, concluyó.
