La regulación sobre el uso de pólvora y artículos pirotécnicos en Colombia ha evolucionado para proteger la vida y la salud pública. Uno de los pilares normativos es la Ley 670 de 2001, que prohíbe la venta y uso de pólvora a menores de edad y establece responsabilidades para gobernadores y alcaldes. Esta norma es el punto de partida para entender cómo debe ejercerse control y vigilancia. Su espíritu protege principalmente la niñez.
A ella se suman los decretos reglamentarios, entre ellos el Decreto 4481 de 2006, que regula permisos para espectáculos pirotécnicos y exige presencia de personal certificado. Esta disposición obliga a que eventos masivos solo sean operados por empresas autorizadas y certificadas. La improvisación queda excluida del marco legal. Cada show debe cumplir un plan de seguridad aprobado por las autoridades locales.
La Ley 1801 de 2016 —Código de Policía— también establece sanciones claras para uso indebido. Quien porte, distribuya o detone pólvora sin autorización puede enfrentar multas e incautación. Además, permite a la Policía intervenir espacios donde haya riesgo para niños o comunidades. La norma convierte la prevención en una obligación ciudadana y colectiva, no solo institucional.
Adicionalmente, las alcaldías pueden expedir decretos locales que restringen uso de pólvora en fechas específicas. Bogotá, Medellín y Cali han emitido medidas para declarar territorios libres de pirotecnia o exigir permisos adicionales. Estas decisiones responden a impactos sociales como quemados, contaminación y afectaciones a animales. La regulación se adapta a la realidad territorial.
En paralelo, la industria está regulada por el Ministerio de Defensa a través del control de explosivos. Fabricar pólvora requiere permisos especiales, espacios industriales con estándares y trazabilidad. Así se diferencia el producto legal del producido de manera clandestina. La regulación existe para asegurar que lo que se usa proviene de un estándar seguro.
Colombia no ha optado por una prohibición total de la pirotecnia. El modelo jurídico busca equilibrio entre tradición y seguridad pública. Las normas permiten espectáculos autorizados, pero restringen usos particulares que generan accidentes. Ese balance sigue en discusión, especialmente en relación con salud oral, oftalmológica y problemas auditivos por detonaciones.
Es importante subrayar que la responsabilidad legal no recae solo sobre fabricantes. Padres, cuidadores y vendedores también pueden enfrentar sanciones si permiten que un menor manipule pólvora. Las cifras de quemados históricamente han llevado a procesos penales por omisión. La ley protege a los niños incluso si los adultos fallan en cuidarlos.
El reto para el país está en combinar regulación fuerte con educación masiva. Ninguna ley funciona si la sociedad no la asume como propia. Conocer el marco legal empodera a la ciudadanía y salva vidas.
