El presidente Gustavo Petro anunció la fusión y capitalización de dos empresas dedicadas a la comercialización ilegal de oro que estaban bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El objetivo es transformarlas en una sola entidad que continúe la compra legal de oro, como parte de una estrategia integral para debilitar las finanzas de las mafias que operan en el país. La decisión fue revelada durante la ceremonia de condecoración al personal de la Fuerza Pública que participó en la Operación Perseo, en el Cañón del Micay (Cauca).
El mandatario explicó que estas dos empresas han adquirido hasta ahora cinco toneladas de oro, pero la meta inmediata es llegar a las 15 toneladas, compitiendo directamente con las estructuras criminales que dominan el mercado ilegal del metal. Según el jefe de Estado, esta estrategia se articula con la lucha contra el narcotráfico, dado que “las grandes mafias tienen dos insumos fundamentales: la cocaína y el oro”, los cuales funcionan como motores financieros que alimentan la violencia y la corrupción.
Petro enfatizó que el oro es un recurso de la Nación y que su extracción ilegal representa una pérdida sustancial para el país. Recordó que millones de toneladas salen de Colombia sin control estatal, empobreciendo a las regiones productoras. Además, señaló que, dependiendo de las fluctuaciones internacionales del precio, el oro puede resultar incluso más rentable que la cocaína, convirtiéndose en un incentivo poderoso para las organizaciones criminales que mezclan ambas economías ilícitas en sus operaciones.
“El oro y la cocaína pertenecen a las mismas mafias y logran los mismos objetivos: comprar armas, enriquecer a los capos y llenar de sangre a Colombia”, afirmó el presidente. Por ello, insistió en que la compra legal es una forma de competir con estas economías ilícitas, ofreciendo a campesinos y pequeños mineros una alternativa legítima y económicamente viable. Esto, dijo, permite avanzar hacia modelos productivos menos depredadores y con mayor responsabilidad ambiental.
El mandatario recordó que desde hace un mes el Gobierno está comprando oro directamente en las regiones, buscando ganar terreno frente a las mafias que históricamente han controlado este mercado. Petro sostuvo que competir por la compra del metal, bajo reglas claras, puede permitir que los pequeños mineros accedan a mejores ingresos y se alejen de estructuras criminales. Esta estrategia, aseguró, es comparable a la sustitución de cultivos ilícitos, que actualmente suma más de 20.000 hectáreas intervenidas.
Si se logra alcanzar la compra legal de 15 toneladas, afirmó Petro, será posible “disminuir el poder de las mafias del oro” y fortalecer las economías locales. Las regalías generadas podrán beneficiar directamente a regiones como el nordeste antioqueño, Nariño, Chocó y otros territorios donde la minería es una de las pocas fuentes de ingreso. El presidente insistió en que la meta es que el pequeño minero “sea parte fundamental de la patria” y no un engranaje de economías ilegales.
Petro subrayó que esta estrategia tiene un impacto profundo en la seguridad nacional. “Si logramos que el Estado se libere de alianzas con el narcotráfico, podremos desnarcotizar a Colombia”, afirmó. En su visión, la reducción del poder de las mafias del oro y el fortalecimiento de economías legales en zonas rurales son pasos esenciales para avanzar hacia un país menos dependiente de economías ilícitas y más orientado a oportunidades lícitas y sostenibles para sus comunidades.
Finalmente, el presidente destacó que la evidencia histórica muestra que existe una relación directa entre los avances en procesos de paz y la disminución de cultivos ilícitos. “Cuando logramos éxitos en la paz, se desnarcotiza el país; cuando la paz es derrotada, los cultivos de coca crecen de manera sustancial”, señaló. La fusión de las empresas y la apuesta por la compra legal de oro se insertan así en una estrategia más amplia que busca reducir la violencia, fortalecer la institucionalidad y transformar las economías rurales.
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Economía
