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El acceso al agua atraviesa la vida cotidiana, la salud pública y la producción de alimentos, pero también expone profundas desigualdades. En 2025, Colombia avanzó en la construcción de principios para una gobernanza responsable del agua, a partir de un ciclo de diálogos multiactor impulsados en el marco del proyecto ScaleWat: Agua, Vida y Gobernanza, con el objetivo de establecer reglas claras, transparentes y verificables para su uso y tenencia.
La discusión parte de una realidad preocupante. En el país, aunque el 89 % de los hogares reporta acceso a acueducto, solo el 56 % de los municipios suministra agua apta para consumo humano en cabeceras urbanas y apenas el 9,7 % en zonas rurales. Estas brechas evidencian que el desafío no es solo de cobertura, sino de calidad, continuidad y equidad territorial en la gestión del recurso hídrico.
Más allá del consumo humano, el agua sostiene la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria. A nivel global, la agricultura concentra cerca del 72 % de las extracciones de agua dulce, y se estima que la producción agrícola deberá aumentar alrededor del 50 % hacia 2050. Sin reglas claras y mecanismos de rendición de cuentas, esta presión puede profundizar conflictos, inequidades y degradación de ecosistemas.
El proyecto ScaleWat, liderado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura(FAO) con apoyo del Gobierno de Alemania y en alianza con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, acompaña a Colombia en este proceso. Su propósito es traducir el concepto de gobernanza del agua en acciones concretas que permitan equilibrar producción, ecosistemas y consumo humano.
Durante 2025 se desarrollaron cuatro diálogos clave —nacional, sector privado, academia y Consejo Nacional del Agua— que coincidieron en la urgencia de fortalecer la transparencia, el acceso a datos abiertos, la coordinación institucional y la participación efectiva de comunidades. Estos espacios destacaron la necesidad de reducir brechas urbano-rurales y de anticipar los impactos del cambio climático sobre la disponibilidad del agua.
Desde el diálogo nacional se subrayó la importancia de reconocer arreglos consuetudinarios de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, fortalecer a los prestadores comunitarios y proteger ecosistemas estratégicos como nacimientos y zonas de recarga. El sector privado, por su parte, enfatizó la corresponsabilidad y la gestión del riesgo hídrico basada en evidencia técnica y escenarios climáticos.
La academia insistió en priorizar el agua para la vida y los ecosistemas, reforzar el monitoreo público sobre calidad y cantidad del recurso, y avanzar hacia una gobernanza multinivel más adaptativa. En tanto, el Consejo Nacional del Agua planteó la necesidad de articular estos principios con la política pública, el ordenamiento territorial y la garantía efectiva del derecho humano al agua.
Los aportes de Colombia alimentarán el borrador de los Principios de Gobernanza Responsable de la Tenencia del Agua y se proyectan hacia el Diálogo Global sobre la Tenencia del Agua en 2026. Con este proceso, el país busca consolidar una hoja de ruta que permita decisiones más justas, sostenibles y transparentes, entendiendo que sin una gobernanza responsable del agua no hay campo, ciudades ni futuro posible.
