La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la autorización, con condicionamientos, de la operación de integración empresarial entre Tigo y Movistar, tras un análisis técnico que evaluó los riesgos y beneficios de la unión para el mercado de las telecomunicaciones. La decisión busca equilibrar los posibles avances en cobertura y calidad con la protección de la libre competencia y los derechos de los usuarios.
La operación consiste en que el accionista de Tigo, la multinacional Millicom, adquiera las acciones de Movistar, de manera que ambas compañías pasen a hacer parte del mismo grupo empresarial. En la práctica, esto implica que dejarán de ser competidores directos en varios segmentos, lo que podría modificar de forma significativa la estructura del sector.
De acuerdo con la SIC, la integración impactará 19 mercados, incluyendo telefonía móvil y fija, internet residencial, televisión por suscripción y acceso mayorista a redes e infraestructura. La entidad trabajó de forma coordinada con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el Ministerio TIC para definir medidas que garanticen una competencia efectiva.
El análisis concluyó que la operación podría generar beneficios relevantes, como mayor cobertura, reducción de costos y mejor calidad del servicio, siempre que se cumplan estrictos condicionamientos. Estas medidas buscan evitar bloqueos a competidores, abusos de posición dominante y posibles coordinaciones entre los grandes operadores del país.
Entre los principales condicionamientos figuran tarifas reguladas en el acceso a redes RAN y OMV, con descuentos de entre el 12,5% y el 46%; prohibiciones a campañas dirigidas contra operadores pequeños; exigencias de transparencia en ofertas empaquetadas; y restricciones a la participación de Movistar en ONNET, la empresa de fibra óptica, para evitar uso indebido de información competitiva.
Asimismo, la SIC ordenó auditorías independientes y mecanismos de vigilancia para verificar el cumplimiento de las medidas. El periodo de control será de cuatro años, o hasta que la CRC adopte una nueva regulación sobre los mercados involucrados. El incumplimiento podrá acarrear sanciones de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a más de $160.000 millones.
La Superintendencia resaltó que su decisión busca impedir la formación de monopolios y preservar las dinámicas de competencia efectiva. “La operación tiene el potencial de mejorar el servicio y la conectividad del país, pero debe hacerse bajo reglas claras que protejan la innovación y al consumidor”, señaló la entidad en su comunicado oficial.
Con esta autorización condicionada, el mercado colombiano de telecomunicaciones entra en una nueva etapa de reconfiguración. Si la empresa integrada cumple con las medidas, podría consolidar inversiones en tecnología 5G, cerrar brechas digitales y fortalecer la infraestructura, manteniendo al mismo tiempo un entorno competitivo en beneficio de los usuarios.
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Economía
