La Procuraduría General de la Nación convocó a una reunión de urgencia para abordar el creciente conflicto fiscal entre la DIAN y Ecopetrol por el pago del IVA correspondiente a importaciones de combustible, un pleito que podría comprometer la estabilidad financiera de la principal empresa del país. El organismo de control advirtió que la disputa tributaria exige un tratamiento inmediato debido a los riesgos económicos que se proyectan sobre el patrimonio público.
La mesa técnica fue citada para el 19 de noviembre y contará con la participación de representantes de cada una de las entidades involucradas. Allí se revisarán los nuevos elementos del caso, así como los fundamentos jurídicos y doctrinales de las posiciones en disputa. El propósito es encontrar una salida preventiva antes de que el conflicto escale hacia consecuencias financieras irreversibles.
El desacuerdo surgió de una diferencia en la interpretación normativa relacionada con el IVA aplicable a determinadas importaciones de combustibles realizadas por Ecopetrol. Mientras la DIAN sostiene que la estatal petrolera debe asumir este impuesto, la compañía argumenta que su actividad está cobijada por un tratamiento fiscal especial. La controversia ha derivado en un posible cobro coactivo de grandes proporciones.
De acuerdo con estimaciones preliminares, un eventual fallo adverso podría desencadenar embargos superiores a los 11 billones de pesos, lo que a su vez generaría un impacto total cercano a los 22 billones. Estas cifras representarían un golpe significativo a la sostenibilidad económica de Ecopetrol y alterarían su capacidad de inversión, operación y cumplimiento de compromisos con el Estado.
La Procuraduría alertó que este escenario pondría en riesgo no solo la estabilidad corporativa de la empresa más grande del país, sino también los ingresos fiscales derivados de su operación y la confianza de los mercados financieros. Por ello, el organismo enfatizó la necesidad de una actuación coordinada que prevenga afectaciones al patrimonio público.
Durante el encuentro, las partes deberán esclarecer los alcances de las obligaciones tributarias, la correcta interpretación del marco normativo vigente y los antecedentes que han marcado la aplicación del impuesto al combustible importado. También se buscará identificar posibles salidas administrativas o conciliatorias que eviten litigios prolongados y cargas económicas excesivas.
La Procuraduría recordó que su intervención responde a la función constitucional de velar por la legalidad, el debido proceso y la estabilidad fiscal. Además, insistió en que cualquier decisión debe estar orientada a proteger los recursos públicos, garantizar la transparencia institucional y preservar la operación estratégica de Ecopetrol para el país.
El organismo de control reafirmó finalmente su compromiso con una solución preventiva y técnica que permita salvaguardar la sostenibilidad financiera de la compañía, sin desconocer la autonomía de las autoridades tributarias ni los derechos de los contribuyentes involucrados en el proceso.
