La Fiscalía General de la Nación informó la judicialización de los hermanos Luis Felipe y Álvaro Iván Sánchez Montaña, señalados como presuntos responsables del asesinato del líder campesino Isidoro Bautista Ortiz, ocurrido el17 de noviembre de 2024 en Campoalegre (Huila) . Según la investigación, los dos hombres habrían llegado en motocicleta a un establecimiento comercial donde se encontraba la víctima, y le dispararon hasta causarle la muerte. El caso fue asumido por la Unidad Especial de Investigación (UEI), creada para esclarecer crímenes contra líderes sociales.
De acuerdo con los elementos probatorios presentados por la Fiscalía, los hermanos habrían buscado inicialmente a otro habitante del municipio con quien, al parecer, sostuvieron un altercado previo. Al no encontrarlo, habrían atacado a Bautista Ortiz, tío de la persona que buscaban, en un presunto acto de retaliación. La entidad destacó que el líder campesino no tenía relación directa con el conflicto y que su asesinato se produjo en un contexto de violencia selectiva que afecta a comunidades rurales del sur del país.
Las capturas se realizaron en vía pública de Campoalegre, en un operativo articulado con la Policía Nacional. Posteriormente, un fiscal de la UEI les imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La Fiscalía sostuvo que las pruebas —declaraciones, análisis balístico y rastreo de movilidad— permiten ubicar a los dos implicados en la escena del crimen y vincularlos directamente con el ataque.
Durante la audiencia de imputación, Luis Felipe Sánchez Montaña aceptó los cargos, mientras que su hermano, Álvaro Iván Sánchez Montaña, los rechazó. A pesar de la diferencia en las aceptaciones, el juez de control de garantías consideró que los elementos presentados eran suficientes para imponer medida de aseguramiento. Esto significa que ambos deberán permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.
El homicidio de Bautista Ortiz generó rechazo entre organizaciones agrarias y defensoras de derechos humanos, que han alertado sobre el aumento de agresiones contra líderes sociales en el Huila. La Fiscalía reiteró que el caso hace parte de una línea prioritaria de investigación sobre crímenes que buscan intimidar comunidades rurales y afectar procesos organizativos campesinos. La entidad insistió en que su actuación busca evitar la repetición de estos hechos.
Con esta decisión, el caso avanza a la siguiente fase judicial, en la que se definirá si los acusados son o no hallados responsables en juicio. La Fiscalía aseguró que continuará recolectando evidencia sobre posibles vínculos de los procesados con otras agresiones en la región. Por ahora, el proceso es considerado un avance en la búsqueda de justicia para el crimen de un líder social que, según testimonios, era reconocido por su papel comunitario y su defensa del territorio.
