La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al teniente coronel Carlos Julián Rodríguez Campos, por su presunta responsabilidad en la agresión sexual a una auxiliar de la Policía Nacional, ocurrida el pasado 29 de septiembre en Riohacha, La Guajira. El oficial, quien ejercía como subcomandante del Departamento de Policía de ese departamento, habría utilizado su rango y autoridad para convocar a la joven bajo un supuesto requerimiento laboral.
Según los elementos de prueba presentados por el ente acusador, el oficial citó a la víctima a su alojamiento con el argumento de entregarle instrucciones relacionadas con el servicio. No obstante, la investigación concluyó que dicha cita habría sido un pretexto para someterla a actos de carácter sexual, contrariando su voluntad y abusando de la relación jerárquica existente entre ambos.
En el informe judicial se detalla que la joven logró escapar de la habitación y buscar ayuda inmediata, contando a una compañera lo sucedido. Ese testimonio fue clave para el inicio de una investigación interna que culminó en la suspensión provisional del teniente coronel Rodríguez por un periodo de tres meses, mientras avanzan los procesos disciplinarios y penales en su contra.
La Fiscalía imputó al oficial el delito de acto sexual violento agravado, contemplado en el Código Penal colombiano. Durante la audiencia, Rodríguez Campos no aceptó los cargos formulados en su contra y se declaró inocente. Aun así, la Fiscalía consideró que existían méritos suficientes para solicitar una medida de aseguramiento.
El juez de control de garantías a cargo del caso determinó que el oficial deberá cumplir medida privativa de la libertad en su lugar de residencia, bajo vigilancia permanente de un dispositivo electrónico. La decisión se adoptó tras considerar el riesgo de interferencia en el proceso judicial y la gravedad de los hechos denunciados.
El caso vuelve a poner en debate el tema del abuso de poder dentro de las instituciones armadas del país. Organizaciones defensoras de mujeres en la Fuerza Pública han reiterado que estos episodios evidencian vacíos estructurales de protección para las uniformadas. Según cifras del Ministerio de Defensa, más de 60 denuncias por hechos similares han sido registradas en los últimos cinco años.
Voceros de la Policía Nacional señalaron que la entidad respalda la actuación de la Fiscalía y que no tolerará conductas que vulneren la dignidad de sus integrantes. Indicaron, además, que el proceso disciplinario avanza de manera paralela al penal, y que se respetará el derecho a la defensa del implicado sin desconocer el derecho a la verdad y la justicia de la víctima.
Mientras tanto, el caso continúa en etapa de judicialización. La Fiscalía anunció que seguirá recaudando testimonios y pruebas técnicas para reforzar la acusación. Por su parte, la defensa del teniente coronel Rodríguez Campos ya anunció que apelará la medida de aseguramiento, alegando presuntas inconsistencias en la versión presentada por la víctima.
