Un informe global publicado por la Alianza Global de Comunidades Territoriales (GATC), la COICA, la APIB, Earth Insight y otras organizaciones lideradas por pueblos indígenas, reveló que 31 millones de hectáreas de territorios ancestrales en la Amazonía están hoy amenazadas por la expansión petrolera, minera y maderera. La cifra equivale al 12 % de los territorios indígenas de la región, y se suma a 9,8 millones de hectáreas afectadas por concesiones mineras y 2,4 millones bajo tala industrial. El estudio advierte que el impacto pone en riesgo ecosistemas clave para la estabilidad climática del planeta.
El documento, titulado Territorios de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales en la Primera Línea, examina la situación en la Amazonía, la Cuenca del Congo, Mesoamérica e Indonesia, regiones que albergan 958 millones de hectáreas de selva tropical protegida por 35 millones de personas. En el caso amazónico, el informe identifica que 250 millones de hectáreas —principal reserva de biodiversidad del mundo— enfrentan presión directa de industrias extractivas. La investigación se publica semanas antes de la COP30 en Brasil, como llamado urgente a gobiernos y organismos multilaterales.
“Si la Amazonía desaparece, se llevará con ella nuestro futuro compartido”, afirmó Fany Kuiru, Coordinadora General de la COICA. La dirigenta recordó que los bosques amazónicos producen 20 mil millones de toneladas de agua al día y sostienen un corredor de lluvias vital para Sudamérica. Sin embargo, el estudio advierte que la deforestación ya redujo en 74 % los niveles de lluvia en varias zonas, alterando el ciclo hídrico regional. Las organizaciones señalan que, sin una protección efectiva de los territorios indígenas, ningún compromiso climático global podrá cumplirse.
El informe identifica zonas críticas como el Corredor Yavarí-Tapiche, de 16 millones de hectáreas, donde habitan pueblos en aislamiento voluntario. Aunque conserva el 99 % de su selva intacta, enfrenta presiones de megaproyectos de hidrocarburos, minería y carreteras, mientras Perú no reconoce legalmente varias de sus reservas. Otro caso es el territorio Waorani en Ecuador, donde el 64 % de sus 800.000 hectáreas está superpuesto por bloques petroleros, con secuelas de contaminación que afectan la salud y alimentación de las comunidades.
En Colombia, el informe señala que 31 Entidades Territoriales Indígenas (ETI) cubren el 36 % de la Amazonía nacional y mantienen el 99,5 % de sus bosques intactos. No obstante, 25 de ellas siguen sin reconocimiento jurídico definitivo pese a más de 30 años de solicitudes. El análisis evidencia que cerca de 31 millones de hectáreas de territorio indígena colombiano se superponen con bloques petroleros, 9,8 millones con concesiones mineras y 2,4 millones con tala industrial. La falta de titulación abre la puerta a proyectos extractivos sin consulta previa.
En paralelo, el estudio alerta sobre el avance de la minería ilegal y el narcotráfico en zonas fronterizas como el eje Colombia–Perú–Brasil, donde mafias usan tala, pesca y oro como fachada para el lavado de activos. Esta actividad, señala el documento, expone a pueblos aislados a patógenos frente a los cuales no tienen defensas inmunológicas. La evidencia, concluyen los investigadores, demuestra que la ausencia de reconocimiento territorial no solo amenaza la ecología amazónica, sino la supervivencia física y cultural de comunidades enteras.
Organizaciones indígenas y de la sociedad civil reiteran cinco exigencias globales: reconocimiento pleno de los derechos territoriales; cumplimiento del consentimiento libre, previo e informado; financiamiento directo a comunidades; protección a defensores ambientales; e integración del conocimiento ancestral en políticas climáticas. Estas demandas se alinean con la Declaración de Brazzaville y buscan reemplazar el modelo extractivo por uno regenerativo, liderado por las propias comunidades.
“Sin una acción urgente que garantice los derechos territoriales, la humanidad fracasará en sus metas de clima y biodiversidad”, advirtió Juan Carlos Jintiach, Secretario Ejecutivo de la GATC. El informe será presentado oficialmente en la antesala de la COP30 como evidencia de que proteger los territorios indígenas no es un gesto de solidaridad, sino un requisito de supervivencia global. Su mensaje central es inequívoco: mientras los pueblos indígenas sostienen los últimos grandes bosques del planeta, los Estados aún les niegan las herramientas jurídicas para defenderlos.
