La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de maltrato animal a Eduardo Rodríguez Madriñán, señalado como responsable de mantener en condiciones de abandono extremo a 14 perros dentro de una vivienda en el barrio Trinidad, en Cali. La denuncia surgió luego de que la comunidad alertara sobre una posible situación de canibalismo entre los animales, debido a la falta absoluta de alimento y condiciones de higiene. La intervención de las autoridades ocurrió el 26 de marzo de 2024, tras el llamado ciudadano.
Al ingresar al inmueble, los funcionarios encontraron un panorama crítico: una perra muerta, diez caninos en condiciones sanitarias precarias y sin alimentación, y tres en estado esquelético. Los animales fueron rescatados y trasladados a un centro especializado para recibir atención veterinaria inmediata. Según el reporte, varios presentaban desnutrición severa, infestación por parásitos y lesiones compatibles con abandono prolongado.
El caso fue asumido por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), unidad de la Fiscalía creada para investigar delitos que involucren crueldad hacia animales domésticos. Durante la audiencia, el ente acusador sostuvo que el procesado incumplió los deberes de tenencia responsable, poniendo en riesgo la vida y bienestar de los perros bajo su cuidado. La imputación se realizó bajo el artículo 339A del Código Penal.
La Fiscalía indicó que los hallazgos sugieren que los animales pasaron varios días sin agua ni alimento, lo que habría derivado en episodios de agresión entre ellos para sobrevivir. Aunque algunos lograron ser estabilizados, los veterinarios señalaron que su proceso de rehabilitación será largo y dependerá de tratamientos físicos y conductuales. El ente acusador enfatizó que la omisión y negligencia también constituyen maltrato punible.
Durante la diligencia judicial, Eduardo Rodríguez Madriñán no aceptó los cargos. La Fiscalía continuará con la recolección de pruebas, testimonios y dictámenes veterinarios para avanzar en la acusación formal. De ser hallado responsable, el indiciado podría enfrentar penas de prisión y multas económicas, además de inhabilidad para poseer animales. El caso será presentado como referencia en la estrategia nacional contra el maltrato animal.
Organizaciones defensoras de animales destacaron la actuación de la comunidad que denunció la situación y pidieron que el proceso no quede impune. El GELMA recordó que cualquier ciudadano puede reportar casos similares a la línea de emergencia o a la Fiscalía, y que el abandono también constituye violencia. Por ahora, los perros permanecerán bajo protección institucional mientras avanza el proceso judicial.
