La lucha global contra el tráfico de fentanilo y las redes criminales transnacionales ha redefinido el mapa del riesgo para las empresas. Desde la banca tradicional hasta las fintech, y desde los exportadores hasta las compañías logísticas, las organizaciones colombianas enfrentan hoy un escenario donde las sanciones financieras, las rutas bloqueadas y las listas restrictivas ya no son una amenaza lejana, sino una posibilidad concreta. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los delitos financieros basados en el comercio superan los USD 1,6 billones anuales, lo que hace de América Latina una de las regiones más vulnerables.
En este contexto, la trazabilidad se convierte en la moneda más valiosa del nuevo orden económico. Los sistemas tradicionales, pensados para detectar anomalías ex post, han demostrado su insuficiencia frente a esquemas sofisticados de lavado y evasión. La demanda de visibilidad total —transacciones, rutas, contrapartes y propósitos económicos— se impone como el nuevo estándar global de cumplimiento.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ambas agencias del Tesoro estadounidense, han elevado su escrutinio y, con ello, la exigencia sobre el sector privado. El precedente más claro llegó en junio de 2025, cuando tres instituciones financieras mexicanas fueron catalogadas como de “preocupación principal” bajo la Ley Patriota. Las consecuencias —pérdida de corresponsales, suspensión en dólares y colapso reputacional— marcaron un punto de inflexión: ya no basta con no ser culpable; es necesario demostrar control y trazabilidad efectiva.
El costo de cumplir también es elevado. Un estudio de LexisNexis Risk Solutions estima que las instituciones financieras de EE. UU. y Canadá invierten más de USD 61.000 millones anuales en prevención. Sin embargo, el costo de la inacción es mayor. En la región, la falta de tecnología de monitoreo, automatización e inteligencia artificial multiplica la exposición a sanciones y pérdidas operativas. Hoy, las soluciones de IA logran reducir los “falsos positivos” en un 19%, liberando tiempo para analizar riesgos reales y fortalecer la capacidad de respuesta ante auditores y corresponsales.
Pero el riesgo ya no se limita a los bancos. Las exportadoras, transportistas, agentes aduaneros y operadores logísticos también están bajo observación. En 2025, una empresa de logística global debió pagar USD 608.825 por violar sanciones cubanas a través de su filial colombiana. Casos como este demuestran el alcance extraterritorial de la OFAC y su capacidad de sancionar a empresas que operan desde Colombia, incluso si las violaciones fueron indirectas.
La descertificación parcial de Colombia en la lucha antidrogas y la caída del 24% en la inversión extranjera directa en el primer semestre de 2025, frente a 2024, evidencian un entorno de vigilancia y desconfianza creciente. La tendencia de “derisking” —la salida de bancos internacionales de mercados de alto riesgo— erosiona las relaciones históricas y limita el acceso a financiamiento global. En este contexto, el cumplimiento deja de ser un asunto técnico para convertirse en un imperativo estratégico.
En un sistema donde la ignorancia ya no protege, la falta de transparencia es sinónimo de riesgo. La única ventaja competitiva real será la capacidad de anticipar, automatizar y auditar cada transacción. En el nuevo orden financiero, la prevención inteligente no es una opción: es la única forma de seguir en el juego.
Sección
Economía
