En el marco de la COP30, el Gobierno de Colombia presentó un avance sin precedentes para la protección de los ecosistemas y la garantía de derechos de las comunidades rurales. Los ministerios de Ambiente y Agricultura lanzaron oficialmente el decreto que reconoce a los Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios (EAA) como una nueva territorialidad estratégica del país.
Esta figura, inédita en la legislación colombiana, desarrolla el artículo 359 de la Ley 2294 de 2023 y surge de un proceso participativo que reunió a ambas carteras, a la Mesa Nacional de Pescadores y a instituciones académicas. Su objetivo es fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria mediante la promoción de la pesca artesanal, la producción agroecológica y la protección del territorio anfibio donde conviven miles de familias campesinas y pesqueras.
Los EAA reconocen formalmente a comunidades históricamente invisibilizadas: los campesinos y pescadores cuyas formas de vida dependen de las ciénagas, humedales, ríos y zonas inundables. La nueva territorialidad les otorga protección especial y permite impulsar procesos de ordenamiento alrededor del agua, restauración ecológica y recuperación de ecosistemas degradados.
“Es una nueva territorialidad que por mucho tiempo ha esperado el campesinado anfibio. Son comunidades que habitan ecosistemas que liberan riesgos, que protegen la vida y que merecen este reconocimiento para poder territorializarse en áreas estratégicas que históricamente han sido invisibles”, destacó la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres.
Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, subrayó la importancia de la pesca artesanal en la vida y economía de las regiones. “En nuestros ríos y mares está la pesca como fuente de vida. Con este decreto dignificamos el trabajo de quienes han sostenido la alimentación de sus territorios y avanzamos en el reconocimiento de las comunidades pesqueras, que hoy enfrentan presiones por el acaparamiento de las tierras del agua”.
La creación de los EAA impulsa uno de los procesos de restauración ecológica más ambiciosos del país, especialmente en zonas inundables que han sufrido degradación por actividades productivas no sostenibles. También abre la puerta a procesos de restitución territorial y planificación participativa para garantizar que las comunidades sean protagonistas en la gestión de sus propios espacios vitales.
Con este avance, el Gobierno Nacional fortalece la protección de los humedales y la biodiversidad acuática, reconoce la territorialidad campesina y pesquera como sujeto de especial protección y consolida una hoja de ruta para ordenar el territorio desde el agua. La medida se convierte en un hito para el país en la defensa de la vida, la seguridad alimentaria y la justicia ambiental.
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Economía
