En un operativo conjunto liderado por Migración Colombia y el Gaula del Ejército Nacional, las autoridades rescataron a 17 menores de edad que permanecían bajo la custodia de integrantes de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor en el municipio de Yarumal, Antioquia. La intervención, realizada tras alertas internacionales, permitió ubicar a un grupo de 26 personas, entre ellas nueve adultos, que se encontraban en una vivienda rural del municipio. La operación respondió a información compartida por agencias de seguridad extranjeras. El caso generó preocupación por el posible riesgo para los menores.
Cinco de los menores rescatados tenían circular amarilla de Interpol, lo que los catalogaba como niños reportados como desaparecidos o en riesgo en otros países. Según las autoridades, esta alerta fue clave para activar el protocolo de intervención. La secta, reconocida mundialmente por sus prácticas extremas y por evadir controles estatales, había ingresado al país en octubre procedente de Nueva York. La llegada generó seguimiento inmediato por parte de Migración. La presencia del grupo levantó señales de alerta. El operativo se activó sin demora.
Lev Tahor, fundada en 1988, ha sido investigada en Estados Unidos, Canadá y Guatemala por presuntos delitos de trata de personas, explotación sexual infantil y matrimonios forzados. Su historial provocó especial atención de las autoridades colombianas al detectar su llegada. En Yarumal, las familias intentaban establecer una nueva comunidad aislada. La información preliminar apunta a que buscaban crear una base estable. Las instituciones colombianas monitorearon sus movimientos. El operativo permitió evitar una consolidación. El caso toma relevancia internacional.
Los menores rescatados fueron sometidos a valoración médica, psicológica y a verificación de identidad por parte del ICBF y equipos especializados. El proceso buscó determinar su estado físico y emocional, además de establecer vínculos familiares legítimos. Autoridades confirmaron que algunos presentaban señales de aislamiento extremo. Se investiga si existieron vulneraciones previas. La prioridad es garantizar su protección inmediata. Los menores fueron trasladados a entornos seguros. La Fiscalía avanza en entrevistas forenses. El restablecimiento de derechos es la tarea central.
Entre tanto, los adultos fueron conducidos a estaciones migratorias mientras avanza la verificación judicial de su situación. Migración Colombia investiga si ingresaron al país con fines religiosos, comunitarios o para evadir procesos en el exterior. Las autoridades examinan posibles delitos relacionados con trata, retención ilegal y explotación. La Fiscalía General de la Nación revisa las alertas de Interpol asociadas al grupo. Se busca determinar roles y responsabilidades. El caso podría abrir investigaciones transnacionales. El proceso sigue en curso.
Las primeras indagaciones indican que el grupo pretendía instalar una comunidad autosuficiente en Antioquia, similar a las colonias que han intentado establecer en otros países. Este patrón ha sido documentado por organismos internacionales. Las autoridades colombianas actuaron para impedir que se consolidara un asentamiento que pudiera dificultar el acceso institucional a los menores. Yarumal se convirtió en el punto de encuentro del grupo por su ubicación aislada. La presencia del colectivo despertó inquietud local. El operativo neutralizó su instalación.
El caso generó reacciones entre organismos defensores de los derechos de la niñez, que destacaron la importancia de la acción oportuna del Estado. Resaltaron que la situación evidenció la necesidad de fortalecer los sistemas de alerta para menores extranjeros en riesgo. Las entidades recomendaron mantener vigilancia sobre posibles movimientos similares en otras regiones. También hicieron un llamado a la cooperación internacional. La intervención fue considerada preventiva y necesaria. Se destacó el trabajo articulado. El caso abre reflexiones sobre protección infantil.
La investigación continúa y las autoridades preparan un informe oficial sobre lo encontrado en el operativo. Colombia coordina con otros países la verificación de antecedentes, nacionalidades y estatus judicial de los adultos vinculados a la secta. El Gobierno aseguró que mantendrá monitoreo permanente para evitar el asentamiento de organizaciones que representen riesgos para la niñez. El caso Lev Tahor marca un precedente para el país. La prioridad es garantizar la seguridad de los menores rescatados. Las entidades reforzarán los controles migratorios. La investigación avanza.
