Un nuevo hecho de violencia estremeció al Cauca este lunes, luego de que las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Mordisco’ perpetraran un atentado terrorista en el municipio de Suárez. Según información preliminar, un vehículo cargado con explosivos, acompañado de cilindros bomba y ráfagas de fusil, habría causado la muerte de dos civiles y dejó herido a un policía que atendía la emergencia.
El ataque, atribuido a la estructura criminal que opera en el norte del Cauca, fue calificado por el Gobierno como una reacción desesperada ante la pérdida de control territorial y el debilitamiento de las economías ilegales que sostienen a este grupo armado. Narcotráfico, minería ilegal y extorsión serían las principales fuentes de financiamiento de esta organización, hoy presionada por operaciones militares y policiales.
Tras el atentado, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta $200 millones por información que permita anticipar o evitar nuevos ataques de la misma estructura. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que denuncie de manera segura y bajo absoluta reserva. “El Estado actuará con toda su capacidad. No vamos a permitir que los criminales sigan sembrando miedo en el suroccidente del país”, señaló la cartera.
El ministro informó además que, tras una reunión de emergencia con la cúpula militar y policial, se reforzarán las operaciones que ya se adelantan en Valle, Cauca y Nariño. En lo corrido del año, las Fuerzas Militares afirman haber neutralizado a 724 integrantes de grupos armados organizados, lo que representa un incremento del 23 % frente a 2024. La ofensiva incluye control de corredores estratégicos, destrucción de laboratorios y presión sobre mandos medios.
En el caso específico del Cauca, el Gobierno destacó la neutralización y sometimiento de seis de los siete cabecillas más peligrosos de la región, lo que ha fragmentado la estructura criminal. Sin embargo, la persistencia de atentados como el ocurrido en Suárez demuestra que las disidencias aún conservan capacidad ofensiva y buscan marcar presencia a través del terror, especialmente en áreas rurales donde el Estado avanza en su recuperación gradual.
Las autoridades insistieron en que la prioridad, además de la respuesta armada, es proteger a la población civil y trabajar con las comunidades afectadas. El mensaje fue directo: las familias de las víctimas no estarán solas y el crimen no quedará impune. “Esto es una lucha de resistencia ciudadana y del Estado. Los buenos somos más”, enfatizó el Ministerio.
Las líneas habilitadas para denunciar hechos relacionados con grupos armados e inteligencia criminal son: 314 358 7212 , 107, 157, GAULA 147 y 165, y línea 141 para casos de reclutamiento infantil. El Gobierno reiteró que toda información será manejada bajo reserva. Mientras tanto, en Suárez el luto vuelve a instalarse en un territorio que continúa siendo epicentro del conflicto entre estructuras ilegales y la Fuerza Pública.
