La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó este lunes el cierre inmediato de los establecimientos Andrés Carne de Res, en Chía, y Andrés D.C., en Bogotá, tras detectar graves irregularidades en sus instalaciones eléctricas y de gas que representarían “riesgos inminentes para la vida, la salud y la seguridad” de consumidores y trabajadores.
Según el comunicado oficial, la entidad impuso cuatro medidas administrativas preventivas y abrió igual número de investigaciones contra la sociedad Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S., propietaria de los reconocidos restaurantes. Las inspecciones se realizaron los días 10 y 11 de septiembre en las sedes de Chía y la Zona Rosa de Bogotá.
Durante las visitas, los técnicos de la SIC detectaron deficiencias críticas en las redes eléctricas y de gas combustible, entre ellas cables expuestos, tableros sin protección, falta de ventilación y uniones sin sistemas anticorrosivos. Según el organismo, dichas condiciones representan riesgo de incendio, explosión o intoxicación.
La decisión implica la suspensión inmediata de toda actividad económica en ambos establecimientos, incluidas las de restaurante, bar, espectáculos y venta de alimentos o bebidas. La orden de cierre ya fue comunicada oficialmente a la compañía y debía hacerse efectiva desde este mismo martes a primera hora.
La SIC advirtió que la reapertura solo podrá realizarse una vez la empresa demuestre, con soporte técnico, el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y el de Gas Combustible, y haya corregido por completo las fallas encontradas.
La entidad también recordó que el incumplimiento de estas medidas puede derivar en sanciones de hasta dos mil salarios mínimos mensuales, conforme al Estatuto del Consumidor. El organismo enfatizó que “la seguridad de los consumidores es un principio innegociable”.
Hasta el momento, la empresa afectada no se había pronunciado oficialmente sobre las medidas adoptadas. Fuentes cercanas a la administración de los restaurantes indicaron que se estaría evaluando una respuesta jurídica y técnica para solicitar el levantamiento de las sanciones.
El caso ha generado sorpresa y debate en redes sociales, donde varios usuarios expresaron preocupación por el el impacto sobre uno de los íconos turísticos más emblemáticos del país. La SIC, entre tanto, reiteró que su decisión busca “prevenir accidentes y proteger vidas”.
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Economía
