El Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 40505, una medida de carácter transitorio que busca asegurar la continuidad del servicio de energía eléctrica en la región Caribe, una de las zonas más afectadas históricamente por crisis operativas y financieras en sus redes de distribución. La decisión permitirá a las empresas del sector disponer temporalmente de recursos destinados a planes de inversión y reducción de pérdidas para evitar posibles afectaciones a los usuarios.
La resolución tendrá una vigencia inicial de dos años, periodo en el que los operadores podrán redirigir recursos y aliviar su situación financiera mientras avanzan los procesos de estabilización estructural. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) deberá emitir la normativa complementaria que proteja a los usuarios y garantice condiciones sostenibles para las empresas distribuidoras.
“El objetivo central es que ningún hogar del Caribe, especialmente los de estratos más vulnerables, quede expuesto a cortes o fallas del servicio”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea. Según el funcionario, la medida es responsable y temporal, y forma parte de una estrategia más amplia que incluye vigilancia de la Superservicios, apoyo del Ministerio de Hacienda y el impulso de programas como Colombia Solar y Comunidades Energéticas.
El Gobierno justificó la decisión señalando que los operadores de red y la Superintendencia de Servicios Públicos han advertido sobre la necesidad de mecanismos de alivio financiero mientras se define una salida de fondo al régimen especial del Caribe. La resolución permite flexibilizar el uso de los recursos, siempre que se asegure la prestación del servicio sin comprometer la calidad.
La región Caribe concentra cerca del 25% de la demanda energética del país y ha enfrentado durante años problemas estructurales de infraestructura, pérdidas de energía superiores al promedio nacional y deterioro financiero de los operadores. El Gobierno subrayó que las medidas no reemplazan una solución definitiva, pero sí evitan un deterioro mayor mientras avanza una intervención integral.
La CREG tendrá ahora la responsabilidad de definir los criterios regulatorios que garantizarán equilibrio: evitar alzas injustificadas en tarifas y, al mismo tiempo, otorgar sostenibilidad mínima a los prestadores del servicio. Las modificaciones serán consultadas públicamente y deberán expedirse en los próximos meses.
El Ministerio reiteró que el abastecimiento energético es un derecho esencial y que la transición energética solo es posible si parte de un sistema estable, confiable y equitativo. “Garantizar luz en los hogares es una obligación constitucional. La justicia energética empieza por impedir que la pobreza determine quién tiene o no acceso a la electricidad”, concluyó el ministro Palma.
