En el marco del 30° Congreso de Energía MEM en Cartagena, la ministra encargada de Minas y Energía, Karen Schutt, anunció la implementación de nuevos instrumentos financieros destinados a garantizar la estabilidad económica de las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía en el país. La medida permitirá asegurar la continuidad del servicio en el mercado eléctrico mientras avanza la transición energética.
Schutt explicó que, ante los retrasos temporales en la transferencia de subsidios por parte del Presupuesto General de la Nación, el Gobierno activó un mecanismo previsto en el Decreto 399 de 2020, que autoriza la cesión de derechos sobre los subsidios ya causados. Esto permite que las electrificadoras puedan recibir recursos anticipados a través de entidades financieras como la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).
“Estas medidas garantizan la confiabilidad del servicio y el bienestar de los usuarios, mientras seguimos avanzando hacia una transición energética justa, ordenada y financieramente sostenible”, señaló la ministra encargada durante su intervención en el panel Cómo mitigar el riesgo sistémico en el mercado mayorista de energía. Según Schutt, el mecanismo ofrece liquidez inmediata y evita que los retrasos fiscales afecten la operación del sistema.
Hasta ahora, el Gobierno ha ejecutado dos cesiones de derechos: una por $800 millones para la Empresa de Energía del Putumayo y otra por $61.000 millones para la compañía Air-e, operadora de la región Caribe. El modelo asegura que los recursos puedan fluir sin depender de los tiempos del giro estatal, mientras el pago final queda a cargo del Ministerio de Hacienda.
Además, el Ministerio de Minas y Energía trabaja en la vinculación de otras entidades bancarias como Findeter, con el fin de ampliar el alcance del mecanismo y fortalecer programas complementarios, entre ellos Colombia Solar, que incluye líneas de crédito para acelerar la transición hacia energías limpias.
Schutt afirmó que la sostenibilidad financiera del sector eléctrico no depende solo de apoyos extraordinarios, sino de una coordinación permanente entre el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, la Superservicios y los agentes del mercado. La meta, dijo, es evitar un efecto dominó que ponga en riesgo empresas, usuarios y proyectos de transición energética.
Los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 representan cerca del 30% del consumo nacional de energía residencial. Garantizar su continuidad es clave para la equidad social, pero también para el flujo de caja de los operadores. “No puede haber transición energética si el sistema eléctrico no es estable y confiable”, concluyó la ministra encargada.
