En una operación conjunta entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación desmanteló un centro ilegal de manipulación e incineración de huesos de res y cerdo en zona rural del municipio de Palermo. De acuerdo con el ente acusador, en el lugar se elaboraban insumos para productos de limpieza, nutrientes agrícolas y alimentos para animales, bajo condiciones precarias y sin ningún tipo de control sanitario o ambiental.
Durante la diligencia de registro y allanamiento, los investigadores hallaron un complejo artesanal con un horno crematorio, tres calderos, un tanque de descebo, dos motores y más de 1.000 bultos de material procesado. Según los informes, los restos óseos eran triturados y quemados, generando emisiones tóxicas y vertimientos contaminantes a las fuentes hídricas cercanas. Estos residuos, además, eran enviados a una empresa en Bogotá que utilizaba el polvo resultante para fabricar y comercializar diversos productos en el mercado nacional.
La Fiscalía indicó que las condiciones del lugar representaban un riesgo severo para la salud pública y el medio ambiente, pues la quema de material orgánico sin filtros adecuados liberaba gases contaminantes y afectaba los suelos y cuerpos de agua. Expertos ambientales advierten que este tipo de prácticas pueden causar daños irreversibles a los ecosistemas locales y aumentar los niveles de contaminación del aire en zonas rurales.
Durante el operativo fueron capturadas seis personas en flagrancia, identificadas como Carlos Andrés Romero Reyes, Enderson David Flórez Acosta, Ángel Gabriel Rivera Machado, Alfonso Martínez Montealegre, Yonaiker Graterol Piña y Yefferson Kelvin Medina Pinto, quienes presuntamente administraban o trabajaban en el sitio. Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías, y un fiscal de la Seccional Huila les imputó el delito de contaminación ambiental, cargo que ninguno aceptó.
Por decisión judicial, Romero Reyes deberá cumplir medida de aseguramiento domiciliaria, mientras que los demás procesados continuarán vinculados a la investigación. La Fiscalía resaltó que la investigación busca determinar el origen de los residuos animales, las rutas de comercialización y las posibles responsabilidades de las empresas que adquirían los insumos producidos en el centro ilegal.
Con este operativo, el ente acusador reafirmó su compromiso con la protección ambiental y la lucha contra las economías ilegales derivadas de la explotación animal y el manejo inadecuado de desechos orgánicos. Las autoridades ambientales del Huila anunciaron que realizarán monitoreos en la zona afectada y evaluarán los daños ocasionados al ecosistema, mientras avanza la investigación penal.
