Abelardo De La Espriella, precandidato presidencial por el movimiento ciudadano Defensores de la Patria, presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado en contra del Gobierno Petro, que decidió disminuir su esquema de seguridad.
El riesgo para el abogado y político es inminente debido a los perfilamientos de los que ha sido víctima de manera directa y sistemática por parte del jefe de Estado colombiano.
Una situación similar a la que enfrentó el precandidato y senador Miguel Uribe quien fue asesinado tras ser víctima de un vil atentado en Bogotá en junio pasado.
La tutela señala una "inminente violación" de los derechos fundamentales a la
vida, la integridad y la seguridad personal y familiar.
“He recibido información muy confiable sobre el precio que le han puesto a mi
cabeza, a la del presidente Uribe y a la de otros opositores. Ocho millones de dólares por vernos muertos. No me asustan. Seguiré en la lucha de frente. Esta semana, el narcotraficante Diosdado Cabello se refirió a mí como su enemigo y el de su cómplice Petro. Sí, señor. He venido a combatirlos con las armas de la democracia”, afirmó De La Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria.
El precandidato recordó que, el pasado 9 de junio de 2025, el director del Partido Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación que grupos criminales estarían ofreciendo millonarias sumas de dinero por asesinar a varios precandidatos, incluido De La Espriella. Hecho que fue puesto al conocimiento de la Unidad Nacional de Protección por parte de Carlos Caicedo, jefe de seguridad del precandidato, quien además reiteró la necesidad de un refuerzo inmediato en el esquema de protección por los riesgos que enfrenta no solo el candidato sino su núcleo familiar.
De La Espriella advirtió que el retiro de sus medidas de seguridad es una decisión irresponsable y arbitraria que ignora no solo el contexto de amenazas, sino también el precedente del magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay, asesinado tras haber sido perfilado y desprotegido.
En la tutela, el precandidato solicita al Consejo de Estado que:
1. Se le tutelen sus derechos fundamentales a la vida, la integridad y la seguridad.
2. Se ordene al presidente de la República y/o a la UNP implementar un esquema de seguridad idóneo e inmediato para él y para su núcleo familiar.
El precandidato afirmó que su vida y la de su familia están por encima de cualquier procedimiento administrativo, y que, en un país donde ya se ha presenciado un magnicidio político, la protección es una obligación del Estado.