La Fiscalía General de la Nación presentó ante la justicia pruebas contundentes que demostraron la existencia de un patrón continuo y sistemático de reclutamiento ilícito de menores de edad ejecutado por la dirigencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) entre 2002 y 2019. El caso reveló cómo el grupo armado ilegal incorporó mediante amenazas, manipulación y engaños a 60 niños, niñas y adolescentes en distintas regiones del país, en violación directa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
El proceso, adelantado por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, documentó los testimonios de las víctimas y los registros judiciales que evidencian la magnitud del reclutamiento. De las 60 víctimas acreditadas, 24 son mujeres y 36 hombres, reclutados de manera forzosa en Antioquia, Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño. La Fiscalía sostuvo que estas prácticas se institucionalizaron dentro del aparato criminal del ELN como mecanismo de control territorial y expansión armada.
Con base en las pruebas técnicas, periciales y testimoniales, un juez penal especializado de Antioquia emitió sentido de fallo condenatorio contra 11 integrantes del grupo armado, entre ellos los principales cabecillas del Comando Central (COCE) del ELN: Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliecer Erlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito.
A ellos se suman los jefes de frentes de guerra responsables directos de las operaciones de reclutamiento: Emilce Oviedo Sierra, alias Martha, La Abuela o La Zarca; Levis Dairon Polo Regino, alias Cholo o Ricardo; Miguel Enrique Hernández Padilla, alias Jairo o Boca de Perro; Isaac Tuberquia Arias, alias Bernardo o El Paisa; William Alexander Zapata Mora, alias Jefferson o Patacón; Carlos Alonso Agudelo Gómez, alias Nelson o El Calvo; y Sunilda del Carmen Hoyos, alias Yeimi.
La Fiscalía demostró que estos cabecillas ordenaron y supervisaron directamente la vinculación forzada de menores de edad, muchos de los cuales fueron utilizados en actividades de inteligencia, combate, siembra de minas y explotación sexual. “El reclutamiento de niños no fue un hecho aislado sino parte de una política criminal diseñada y sostenida por los máximos niveles de mando del ELN”, señalaron los fiscales del caso durante las audiencias.
El juez de conocimiento anunció que la lectura de la sentencia se realizará en febrero de 2026, momento en el cual se conocerán las penas individuales que deberán cumplir los 11 condenados. Esta decisión representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad y en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado.
La Fiscalía General de la Nación reiteró su compromiso con las víctimas y con el esclarecimiento de los crímenes cometidos por estructuras armadas ilegales. Este fallo, además de sentar un precedente judicial, reafirma la obligación del Estado colombiano de garantizar verdad, justicia y reparación integral para quienes fueron arrebatados de su infancia por la violencia.
