La Policía Nacional puso en marcha el “Plan Democracia – Voto Seguro”, una estrategia de seguridad diseñada para proteger el desarrollo de las elecciones regionales en todo el territorio nacional. En la Región de Policía No. 7, que comprende siete departamentos, más de 1.500 uniformados fueron desplegados con el apoyo de las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de garantizar el ejercicio libre, pacífico y transparente del voto.
El dispositivo cubrirá 615 puestos de votación autorizados, los cuales contarán con presencia policial permanente, incluyendo unidades de inteligencia, patrullas motorizadas, grupos de reacción rápida y efectivos encubiertos. Según la institución, el objetivo es prevenir los 16 delitos electorales tipificados en el Código Penal colombiano, entre los que se incluyen la corrupción de sufragante, constreñimiento al votante, fraude en inscripción de cédulas, alteración de resultados y financiación de campañas con fuentes prohibidas.
El Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en el Comando del Departamento de Policía Meta coordina las acciones en tiempo real, junto con la Gobernación del Meta, la Registraduría Nacional, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y demás entidades del proceso electoral. Desde este centro estratégico se realiza seguimiento constante al desarrollo de la jornada y a los reportes de orden público en cada municipio.
La Brigadier General Claudia Susana Blanco Romero, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, señaló que todas las especialidades policiales se encuentran en alistamiento de primer grado y en completa disposición para atender cualquier situación que pueda afectar la jornada democrática. “Estamos comprometidos con este importante certamen electoral, cumpliendo el deber constitucional de garantizar la seguridad y la convivencia en los siete departamentos que integran la Región de Policía No. 7 y el resto del país”, aseguró la oficial.
El plan también incluye acciones preventivas frente a delitos como el tráfico de votos, la mora en la entrega de documentos electorales, el voto fraudulento y la financiación irregular de campañas, conductas que serán vigiladas por la Policía Judicial en articulación con la Fiscalía. En cada puesto de votación habrá oficiales asignados para responder a denuncias ciudadanas y remitir de inmediato cualquier irregularidad al PMU.
Con este despliegue, el Gobierno Nacional y la Policía reafirman su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y la transparencia electoral. El dispositivo especial busca que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad, respeto y confianza institucional, garantizando que el proceso se desarrolle sin presiones ni alteraciones del orden público.
