En lo que representa una expansión sin precedentes de su ofensiva marítima contra el narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos confirmó este martes un ataque aéreo contra una lancha rápida en el océano Pacífico, frente a las costas de Colombia, que dejó al menos dos personas muertas. Es la primera vez que una operación de este tipo ocurre en esa zona, tras una serie de bombardeos recientes en el Caribe que ya habían generado tensiones diplomáticas con varios países de la región.
Según el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, la embarcación “transportaba drogas y era operada por una organización terrorista designada”. El funcionario aseguró que el ataque fue ejecutado bajo el marco de la campaña “antinarcoterrorista” ordenada por el presidente Donald Trump, en la que Washington afirma haber destruido ocho embarcaciones desde septiembre. Sin embargo, ni el Pentágono ni la Casa Blanca han publicado coordenadas exactas ni pruebas verificables sobre la naturaleza del buque atacado o la identidad de sus tripulantes.
El hecho, reportado por agencias como AP y Reuters, ocurrió cerca al litoral pacífico colombiano, en una zona frecuentemente utilizada por el narcotráfico para transportar cocaína hacia Centroamérica. Aunque la ubicación precisa permanece clasificada, medios latinoamericanos citan fuentes locales que sitúan la operación a menos de 200 millas náuticas de la costa de Nariño, en un área donde operan tanto pescadores como embarcaciones ilegales.
Recientemente el presidente Gustavo Petro recordó que en ataques previos, realizados en el Caribe, murió un pescador colombiano sin vínculos con el narcotráfico, e insistió en que “ninguna lucha contra las drogas justifica la muerte de inocentes”.
Analistas consultados por El País y Le Monde coinciden en que el bombardeo refleja un giro estratégico de Estados Unidos hacia un enfoque militarizado y extraterritorial de la política antidrogas. Bajo el argumento de combatir el “narco-terrorismo”, Washington ha extendido su radio de acción más allá de sus fronteras, generando inquietud sobre la legalidad de estos ataques en aguas internacionales o próximas a zonas de soberanía de países aliados. “Esto sienta un precedente grave”, advirtió la investigadora mexicana Laura Sáenz, “porque normaliza el uso de fuerza letal sin supervisión judicial”.
Mientras los gobiernos cruzan comunicados ante la reciente crisis diplomática entre Petro y Trump, el mar Pacífico colombiano se ha convertido en nuevo epicentro de tensión geopolítica. Lo que comenzó como una operación puntual contra el narcotráfico podría transformarse en un episodio con implicaciones diplomáticas profundas entre Bogotá y Washington. Por ahora, el silencio oficial de la Armada estadounidense contrasta con la creciente presión internacional por transparencia. En las aguas grises del Pacífico, el eco de las bombas ha vuelto a abrir viejas preguntas sobre los límites del poder y la legitimidad de la guerra contra las drogas.
