El más reciente Informe de Progreso de la Política Pública de Primera Infancia (PPI) 2024 expone luces y sombras de un compromiso que Colombia adquirió hace más de una década: garantizar, desde la gestación hasta los seis años, el derecho de niñas y niños a sobrevivir, desarrollarse, ser protegidos y participar activamente en la sociedad.
Aunque se reconocen avances en la rectoría nacional, la coordinación intersectorial y la financiación a través de instrumentos como el FONIÑEZ, el informe revela una realidad que no podemos pasar por alto: solo el 53% de los niños y niñas acceden a seis o más de las diez atenciones priorizadas en la Ruta Integral de Atenciones (RIA). Esto significa que cerca de la mitad de la población infantil del país aún no recibe de manera suficiente los servicios de salud, nutrición, educación inicial y protección que garantizan un desarrollo integral (Informe de Progreso PPI 2024).
Una política de Estado con deudas en los territorios
Colombia adoptó en 2016 la Ley 1804, que elevó la primera infancia a Política de Estado, blindando su permanencia más allá de los gobiernos de turno. Sin embargo, la implementación sigue marcada por desigualdades territoriales: mientras en zonas urbanas se han consolidado estrategias de atención, en regiones rurales, apartadas y étnicas la cobertura es limitada y la calidad dispareja.
El desafío, más que ampliar estadísticas, es lograr que cada niño y niña, sin importar su lugar de nacimiento, pueda vivir su infancia con dignidad y con las mismas oportunidades. En palabras del informe, el reto es pasar de la cobertura nominal a la garantía efectiva de derechos.
Cuando la agenda mediática se detiene en la tragedia
Un caso reciente puso en evidencia la fragilidad de este compromiso. En Cajicá (Cundinamarca), la muerte de una niña de cinco años —reportada preliminarmente como sumersión— ocupó titulares por días. Sin embargo, más allá de la conmoción, hubo poca investigación periodística sobre los factores de prevención, los entornos de cuidado y las responsabilidades institucionales y comunitarias (Fiscalía General de la Nación, 2025).
Este enfoque mediático —centrado en el desenlace trágico— contrasta con la ausencia de seguimiento a los problemas estructurales: la falta de entornos protectores, la debilidad de los sistemas de respuesta y la ausencia de vigilancia ciudadana sobre las políticas públicas de primera infancia.
Un llamado a la acción
El informe recomienda fortalecer el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, consolidar el uso del Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia (SSDIPI) como brújula para la toma de decisiones y blindar los recursos del FONIÑEZ de cualquier desviación o ineficiencia. Pero más allá de las recomendaciones técnicas, la pregunta de fondo es política y social: ¿estamos dispuestos como país a poner a la niñez en el centro de la agenda pública?
Reflexión final
Como periodista y comunicadora, he aprendido que la primera infancia no puede esperar. Las cifras, las leyes y los informes son importantes, pero detrás de ellas están vidas reales, con nombres e historias. El caso de Cajicá nos recuerda que no basta con registrar la tragedia: necesitamos un periodismo que investigue las causas estructurales y una sociedad que exija cambios reales. La niñez es sujeto de derechos y su protección debería ser el verdadero termómetro del progreso de un país.
Fuentes:
• Segundo Informe de Progreso de la Política Pública de Primera Infancia (Colombia, 2024).
• Ley 1804 de 2016, Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia “De Cero a Siempre”.
• Convención sobre los Derechos del Niño, Ley 12 de 1991.
• Fiscalía General de la Nación (2025), informe preliminar caso Cajicá.
