Además del Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de MinerÃa, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y el Servicio Geológico Colombiano participan en la elaboración de esta iniciativa "que busca transformar, con una perspectiva de justicia social y ambiental, el sector minero, y su modernización'.
Las opiniones de los interesados pueden enviarse al Ministerio de Minas y EnergÃa a través de un formulario publicado su página web, y podrá hacerse hasta el 16 de marzo entrante.
En el borrador del documento "se establecen las bases para que la minerÃa en Colombia sea parte esencial de la reindustrialización, de una economÃa productiva para el bienestar social, de la transición energética justa y de la generación de capacidades para enfrentar la crisis climática'.
La cartera de Minas y EnergÃa recordó que desde hace más de 15 meses se inició "un diálogo social amplio, plural e inédito' para presentar a la ciudadanÃa, los sectores polÃticos, económicos, gremiales, sociales y étnicos, la propuesta que en su momento se llamó 'Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la MinerÃa para la Vida'.
Pero ahora, y luego de una revisión de los aportes hechos desde diferentes sectores interesados, además de los ministerios de Minas y EnergÃa; Trabajo; Comercio, Industria y Turismo; Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se definió el borrador del proyecto que, una vez surtida la etapa de comentarios, será presentado al Congreso de la República.
"Este borrador de articulado inicia oficialmente su proceso de consulta previa con sujetos étnicos, a través de las instancias correspondientes, y de manera simultánea se somete a comentarios de la ciudadanÃa', dice la presentación del borrador de articulado.
El articulado.
El borrador del proyecto de ley "por medio de la cual se expide la Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la MinerÃa para la Vida y se dictan otras disposiciones', consta de 129 páginas, siete TÃtulos, 24 CapÃtulos y 219 ArtÃculos.
La norma en construcción propondrá regular las relaciones jurÃdicas que se desarrollen entre las entidades públicas del orden nacional, regional, departamental y local; entre estas y los particulares, en desarrollo de las diversas fases de la actividad minera.
También del régimen jurÃdico aplicable a los tÃtulos y contratos mineros vigentes, pero respetando los derechos adquiridos con los actuales tÃtulos, contratos y concesiones.
El proyecto establece que "los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el territorio nacional, en cualquier estado fÃsico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado', sin perjuicio de que la propiedad, posesión o tenencia de los terrenos donde se encuentran correspondan a entidades públicas, a particulares, comunidades o grupos.
"Es facultad exclusiva del Estado administrar los minerales y disponer las condiciones para su adecuado aprovechamiento con apego a los parámetros constitucionales y al pleno respeto de los derechos fundamentales', señala la norma en estudio.
También contempla 18 principios que regirán el aprovechamiento sustentable de los recursos minerales que van desde la soberanÃa del Estado en su administración, pasando por la preservación del agua, el respeto a los derechos fundamentales y laborales de los pequeños mineros incluido el componente de género, las responsabilidades de los concesionarios y la preservación medioambiental.
El proyecto regula el nuevo modelo de contratación minera, algunos aspectos de la relación laboral de los trabajadores, y un TÃtulo completo dedicado a la protección diferencial para la minerÃa artesanal, semitecnificada, la pequeña minerÃa de pequeña escala, asà como los procesos de formalización minera.
Igualmente, el proyecto crea el Registro Único de Mineros y Mineras Informales, reitera la prohibición del uso de mercurio y propone una estrategia de recuperación de territorios afectados por esta sustancia prohibida.
Entre otros aspectos, el proyecto de articulado, además, crea el Banco de Información Minera (BIM) como repositorio oficial de Colombia para administrar toda la información sobre esta actividad en todo el territorio nacional.
