Para nadie es un secreto que el juicio al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez se ha convertido en uno de los espectaculos mediaticos más destacados en los últimos años, que han llenado miles de portales noticiosos tanto dentro como fuera del país suramericano y que incluso, de manera particular se ha tomado como una bandera del actual gobierno para mostrar un cierto nivel de transparencia en un oscuro momento donde la popularidad del actual mandatario ha caído a niveles que no se habían visto en sus cercanos dos años de gobierno.
Y aunque muchos puedan creer que este juicio puede ser por muchos motivos y que en su mayoría no son del todo cierto, la acusación formal presentada recientemente por la Fiscal General de la Nación Luz Adriana Camargo podría presentarse como la actitud más valida frente a una justicia que se considera busca ser para todos, algunos aspectos no son del todo claros frente a esta situación que afecta el futuro judicial del exmandatario que gobernó del 2002 al 2010.
Pero para aclarar el empantanado proceso hay que conocer algunas situaciones frente a este entramado conflicto judicial que ha puesto en enormes dudas el poder judicial y más aún, la confianza de los colombianos e incluso la tolerancia entre diferentes bandos políticos.
El contexto.
En 2012 el senador Iván Cepeda realiza un debate ante la comisión segunda de la cámara sobre las investigaciones que debían realizarse por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los municipios del nordeste antioqueño.
Más adelante en mayo de 2012, el senador Cepeda le informa al fiscal general encargado ese mismo año incidentes relacionados con la seguridad de Juan Guillermo Monsalve, administrador de la hacienda Guacharacas, propiedad del expresidente Álvaro Uribe.
En septiembre de ese mismo año, Monsalve declara ante las autoridades que el bloque Metro de los paramilitares o AUC, se conforma en dicha hacienda entre 1996 y 1997 con la participación del expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe, el ganadero Luis Alberto Villegas y su hermano Juan Guillermo Villegas, entre otros ganaderos.
En 2014, Cepeda radica un escrito informando una situación de riesgo de los testigos del exparamilitar Pablo Hernán Sierra y del mismo Monsalve ante la CIDH en relación con la vinculación del expresidente Uribe con el grupo armado ilegal AUC. Sin embargo, el expresidente denuncia al senador Cepeda por una supuesta manipulación de testigos.
La Corte Suprema de Justicia encargada de judicializar a los políticos colombianos, recibe la denuncia de Álvaro Uribe junto con varios audios de prueba. Sin embargo, cuatro años después, el 16 de febrero de 2018, esta anuncia que no investigará al senador Cepeda por presunta manipulación de testigos, pero ese mismo año, el abogado de Cepeda Reinaldo Villalba, le informa a la misma corte que uno de los testigos ha señalado que estaba recibiendo mensajes y visitas de personas con el fin de que estos cambiaran su testimonio en referente a los nexos que tendría el expresidente Uribe con grupos paramilitares.
En 2020, la Corte Suprema de Justicia decide emitir orden de detención al considerar que el exmandatario podría obstruir el proceso, estando dos meses bajo arresto domiciliario, posteriormente renunciando a su curul en el Congreso de la República y pasando su caso a manos de la Fiscalía General de la Nación.
Durante la administración del fiscal Francisco Barbosa en el ente acusador, se presentó en diversas ocasiones la preclusión y archivo del caso, el cual fue rechazado en diversas ocasiones y a la llegada de la fiscal Luz Adriana Camargo en 2024 al cargo, se buscó reactivar el proceso en contra del expresidente Uribe.
¿Qué ocurriría realmente frente a este caso?
Aunque la Fiscalía indica que hay pruebas suficientes para acusar al presidente Uribe y generar un juicio en su contra, realmente el contexto que tiene la vida política nacional puede generar más dudas que realidades frente a este nuevo capitulo en la ya accidentada vida del mandatario colombiano desde su salida del poder en agosto de 2010.
Y podría resumirse en 4 aspectos:
- ¿Carta del actual gobierno para aprobar reformas?. Parece coincidencia que la fecha en que se realizó la acusación, el contexto actual de desaprobación del gobierno actual en la opinión pública y las enormes dificultades para aprobar reformas banderas de la administración Petro incluyendo la hundida reforma a la salud y la cada vez más difícil reforma pensional darían a pensar que este proceso puede ser una carta que puede jugar el ejecutivo para que los partidos opositores cambien de parecer y permitan destrabar los proyectos que cada vez más tienen voces en contra que a favor.
- ¿Alguna forma de desviar los errores del gobierno?. Otra curiosidad que se ve en este proceso es que casos ocurridos durante el actual gobierno y que han implicado diversas polémicas por el modo como se han manejado, ejemplo el caso del hijo del presidente Petro, de Olmedo López con los carrotanques en La Guajira, el caso de Laura Saravia, entre otros que han transcurrido en estos cercanos dos años de administración nacional; parecieran desviarse con este juicio al presidente Uribe y calmar las aguas frente a un creciente descontento frente a la actual situación política nacional.
- ¿Revanchas frente a un caso realmente sin pruebas concretas? Tal vez es un modo del actual conglomerado político que gobierna el país de presentar un trofeo político que les permita tener de nuevo credibilidad, además de tomar revancha de diversos procesos que ocurrieron durante el gobierno Uribe e incluso de anteriores donde vieron que cierta "casta política" ha gobernado el país, enviando un mensaje erroneo de poder para intimidar a una oposición cada vez más fuerte; además, entrando en la realidad del caso en multiples ocasiones se han mostrado que la implicación directa del exmandatario en las acusaciones que tiene carecen de pruebas reales que lo lleven a un juicio.
- ¿Terremoto político para desviar la mirada de una posible constituyente? No se puede negar que este juicio es tremendo terremoto político para Colombia, tanto por los que admiran al mandatario que devolvió la confianza a Colombia luego de unos sangrientos años 80 y 90 que minaron las bases mismas del país, como para los que consideran que es el origen del mal de un país golpeado desde casi su mismo nacimiento en diversos conflictos políticos que han derivado en la actual violencia que hay a nivel general en el territorio; pero ante tremendo golpe que pone la mirada del país en este juicio, el gobierno podría aprovechar dicho momento para promover de manera más discreta pero directa su proyecto de Asamblea Constituyente que podría cambiar de manera radical y no tan positiva la realidad de la nación.
