*Nota escrita por: Rim Kanaan - Cónsul del Estado de Palestina en Colombia*
En el marco de la pandemia y con el inicio de las campañas de vacunación en algunos países del mundo, estamos viendo cómo durante estos últimos días, los medios de comunicación colombianos resaltaron y elogiaron la labor del Estado de Israel, al ser en estos momentos el país a la cabeza en la lista de países con mayor porcentaje de personas vacunadas en relación a la demografía de cada Estado, pues, a día de hoy, Enel transcurso de tan solo tres semanas, en Israel han sido vacunados aproximadamente 1.700.000 habitantes, teniendo en cuenta que la población en Israel es de casi unos 9.000.000 de ciudadanos, lo que representa un 18% de la población ya vacunada.
Mientras que los medios informativos del país solamente ensalzan el supuesto “logro” de Israel, lo que en realidad habría que destacar sobre la política de ese país es que están violando la Ley Internacional. ¿Eso por qué? Porque Israel es un Estado Ocupante, es decir, está ocupando militarmente Palestina; por eso, los medios colombianos se están olvidando de la otra cara de Israel, el cual tildan de ser supuestamente un país democrático, libre y justo…pues ahora nos hacemos la pregunta de oro: ¿qué ocurre con la población palestina que está viviendo bajo esta ocupación? El IV Convenio de Ginebra firmado el 12 de agosto de 1949, del cual el Estado de Israel es firmante, y, por ende, es su obligación respetar las correspondientes reglas. Más específicamente, el Artículo 56 del IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, estipula que: “en toda la medida de sus medios, la Potencia ocupante tiene el deber de asegurar y mantener, con la colaboración de las autoridades nacionales y locales, los establecimientos y los servicios médicos y hospitalarios, así como la sanidad y la higiene públicas en el territorio ocupado, en particular tomando y aplicando las medidas profilácticas y preventivas necesarias para combatir la propagación de enfermedades contagiosas y de epidemias”.
En resumen, según el Derecho Humanitario Internacional, en toda la medida de sus recursos, la Potencia ocupante tiene el deber de abastecer a la población en víveres y productos médicos. Sin embargo, la cosa no termina ahí, pues, en abril de 2020, las fuerzas de ocupación israelíes destruyeron una clínica palestina en Jerusalén Este cuya labor era la realización de pruebas de detección de la Covid-19 entre los ciudadanos palestinos. Esta acción deplorable, significa otro ataque a las reglas del Derecho Internacional por parte de Israel, al violar también el Artículo 57 del IV Convenio de Ginebra, el cual afirma: “La Potencia ocupante no podrá requisar los hospitales civiles ni el material ni las existencias de los hospitales civiles, mientras sean necesarios para satisfacer las necesidades de la población civil”. También el Artículo 56 del Reglamento de La Haya de 1907, establece que: “Los bienes de las comunidades, los de establecimientos consagrados a los cultos, a la caridad, a la instrucción, a las artes y a las ciencias, aun cuando pertenezcan al Estado, serán tratados como propiedad privada. Se prohíbe y debe perseguirse toda ocupación, destrucción, deterioro intencional de tales edificios, de monumentos históricos y de obras artísticas y científicas”.
Los acuerdos celebrados entre la Potencia ocupante (Israel) y las autoridades nacionales (Palestina) no pueden privar a la población del territorio ocupado de la protección otorgada por el mismo Derecho Internacional Humanitario, así como defiende el artículo 47 de IV Convenio de Ginebra.
El Dr. Mustafa Barguthi, miembro del Parlamento palestino, afirma que estamos ante un Apartheid médico, en el cual Israel demuestra su priorización de sus ciudadanos israelíes sobre los palestinos. Incluso, los 750.000 colonos israelíes que viven en Cisjordania de manera ilegal, están recibiendo las vacunas, mientras que los aproximadamente 3.000.000 de palestinos que viven en el mismo territorio y el cual sí es territorio soberano de la población palestina (y no de los israelíes), no han recibido ni recibirán ni una sola dosis, según declaraciones del gobierno israelí. Según Dr. Barguthi, se trata de un sistema de discriminación racial. Incluso, el Estado de Israel ya comenzó a vacunar a sus prisioneros (israelíes) y a los guardianes de las cárceles, mientras que se ha negado a inocular a los prisioneros palestinos.
Lo peor de todo sobre este asunto, y que evidencia la discriminación y la injusticia a la que puede llegar el gobierno israelí, es lo que nos muestra la tasa de infección: mientras que el porcentaje de contagios en Cisjordania (Palestina) es del 36%, en Israel es de tan solo el 4.5%. Con lo cual, el reparto de las dosis es desigual e injusto.
Por otro lado, Israel no se da cuenta que esta política discriminatoria puede perjudicar a su propia población israelí, ya que, palestinos e israelíes viven en el mismo territorio, pues, si echamos un vistazo al mapa, podremos ver que el territorio de Cisjordania está lleno de agujeros que representan las colonias donde vive ilegalmente población israelí (más de 700 millares) rodeados de los palestinos autóctonos (3 millones). O que, muchos palestinos entran y salen cada día a través de Jerusalén, para trabajar en Israel y poder ganarse el pan para sus familias (aprovechándose de ellos como mano de obra barata para los israelíes).
En conclusión, Israel, más que ser un “ejemplo” para otros países por su programa de vacunación y su rapidez, sería más justo y humano condenar a Israel por insultar al Derecho Internacional y pasar por alto sus responsabilidades como Estado y Potencia ocupante con respecto a la población palestina que vive sin libertad y sin los básicos derechos necesarios para una vida digna, aunque sea siendo ocupados.
